Los operativos los llevó adelante la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) e involucran a Fernando y Guillermo Whpei
La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevó adelante este viernes una serie de allanamientos en Rosario y Rafaela en el marco de una investigación judicial que tiene como eje al juez federal Marcelo Bailaque, acusado de prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las medidas alcanzaron a los empresarios rosarinos Fernando y Guillermo Whpei y a un abogado rafaelino vinculado a la causa.
Los procedimientos se concretaron en el domicilio particular de Fernando Whpei, ubicado en Santiago al 800, en las oficinas que los hermanos poseen en la tradicional esquina de Sarmiento y Santa Fe —donde funciona el Museo de la Democracia— y en el estudio jurídico Zenclusen, especializado en Derecho Tributario, situado en la ciudad de Rafaela. Según informaron fuentes oficiales, en todos los lugares se secuestró documentación y material digital relevante para la causa.
La investigación está a cargo del fiscal federal Federico Reynares Solari y gira en torno a la presunta connivencia entre el magistrado y los Whpei en una causa iniciada en 2021 por el manejo irregular de fondos de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín, que estuvo bajo el control de Herme “Vino Caliente” Juárez, el sindicalista detenido en 2019 por asociación ilícita, defraudación y malversación.
Los fiscales apuntan a una medida tomada por Bailaque que benefició directamente a los hermanos Whpei: el traspaso de millonarios fondos de la cooperativa del Banco Nación a mutuales vinculadas a los empresarios, entidades que no están bajo supervisión del Banco Central. El vínculo personal entre Bailaque y Fernando Whpei ya fue demostrado en sede judicial.
Además, la causa dio un giro reciente a partir de una declaración como arrepentido del ex jefe regional de la Afip, Carlos Vaudagna, quien aseguró que Fernando Whpei participó de una reunión en la casa del juez Bailaque donde se habría acordado un esquema de extorsión contra empresarios.
La magnitud de los allanamientos de este viernes y la gravedad de las acusaciones colocan nuevamente en el centro del debate la relación entre sectores del poder judicial, empresarial y político. Los hermanos Whpei —empresarios con inversiones diversas y participación en campañas electorales recientes— enfrentan además otras causas vinculadas a asociación ilícita y maniobras financieras.
Mientras tanto, las medidas judiciales continúan y se esperan nuevas definiciones en las próximas horas por parte del juzgado interviniente.