Acceso a los Derechos pone en cuestionamiento las políticas en torno a la tercera edad y pide una legislación que los proteja
La situación de los jubilados en Argentina atraviesa un momento crítico debido a la eliminación de la gratuidad de los medicamentos esenciales para quienes perciben algo más que la jubilación mínima y al inminente vencimiento de la moratoria previsional. Semanas atrás un conjunto de organizaciones se reunieron y llegaron a la conclusión de la importancia de tener una ley de protección de adultos mayores: “El próximo 23 de marzo se cierra la moratoria y muchísimos trabajadores que realizaron un gran sacrificio, pero sus empleadores no realizaron los aportes correspondientes, no se van a poder jubilar”, sentenció Cristian Fdel, director general de Acceso a los Derechos, una ONG de asesoramiento jurídico integral.
Los jubilados que llegan a las pueras de Acceso a los Derechos “están en situación de vulnerabilidad” y la modificación de los medicamentos rige para aquellos que cobran 1.5 por encima del haber mínimo. “A partir de ese límite económico, muchos que cobran una pensión gracias a haber pasado décadas al lado del amor de su vida quedaron por fuera”, planteó Fdel.
“Esa persona que cobra dos mínimas no va a poder acceder a los medicamentos. Y cuando estamos hablando de dos mínimas, es alrededor de 600.000 pesos mensuales”, agregó el abogado.
Contactos formales con diputados y asesores del Congreso de la Nación e intercambio de mensajes con referentes de Santa Fe son los primeros pasos para poner en agenda una nueva ley de protección a los adultos mayores. “Uno piensa que la jubilación nunca llega y es un derecho. Lamentablemente veo un enfrentamiento entre jubilados que han ingresado sin moratoria y los que sí”, retrató el integrante de Acceso a los Derechos, para rápidamente aclarar: “Hay que dar a entender y a dar a conocer que ambos jubilados aportan, porque gran parte de los ingresos que tienen el Anses es a través de los impuestos. Además, la moratoria no es gratuita y ellos la pagan mes a mes”.
El PAMI, que brinda cobertura médica y social a más de 5,3 millones de jubilados y pensionados, junto con 380 mil familiares a cargo, ha sido impactado por recortes en políticas fundamentales. Entre ellas, la finalización de la gratuidad en medicamentos esenciales ha generado una profunda afectación entre los afiliados, quienes ahora deben afrontar estos costos en un contexto de ingresos limitados.
En el país, el sistema previsional comprende 7,1 millones de jubilaciones y pensiones, aunque este número incluye casos en los que una persona puede acceder a más de un beneficio. De ese total, el 60,2% (alrededor de 4,3 millones) ingresaron al sistema a través de una moratoria previsional, una herramienta clave para proteger a los sectores más vulnerables.
“Tener una ley de moratoria permite una protección mínima en lo económico, social y cultural«, remató Fdel.
Argentina cuenta con una ley de protección de adultos mayores respaldada por la Convención Internacional, lo que le otorga rango constitucional. Sin embargo, esta normativa carece de disposiciones específicas sobre aspectos cruciales como la gratuidad de medicamentos y la estabilidad de las moratorias previsionales.
Por ello, se plantea la necesidad de una nueva ley que garantice estos derechos de manera permanente y sin depender de los cambios de gobierno. La propuesta busca asegurar que la salud y el bienestar económico de los adultos mayores no queden supeditados a decretos o decisiones administrativas, sino que sean derechos plenamente protegidos.