Por la causa hay más de 400 damnificados y más de 18 millones de dólares en dinero faltante. Se analiza un esquema ponzi
El Centro de Justicia Penal de Rosario fue escenario el 5 y 6 de diciembre de 2024 de una extensa audiencia imputativa contra Luis Herrera, sus hijos Ignacio y Diego, y Marcela F., quienes enfrentan cargos por delitos como asociación ilícita, estafa, lavado de activos y quiebra fraudulenta. La jueza Paula Álvarez dictó prisión preventiva efectiva por seis meses para Herrera y sus dos hijos, mientras que Marcela F. quedó en libertad debido a que no se solicitaron medidas cautelares en su contra.
Según la Fiscalía, encabezada por el fiscal Miguel Moreno, los imputados formaron una asociación ilícita operativa desde 2017. Utilizando la estructura de una sociedad anónima con oficinas en el centro de Rosario, captaron a alrededor de 400 inversores bajo la promesa de altos rendimientos mediante inversiones en el mercado de futuros de Chicago (Chicago Board of Trade).
En una primera etapa, los fondos de los clientes se desviaron a destinos no especificados, pero las operaciones financieras continuaron funcionando como si fueran regulares. A partir de 2021, el esquema evolucionó hacia una estafa piramidal: los nuevos fondos obtenidos se utilizaron para pagar intereses y capitales a antiguos inversores, sin realizar inversiones reales.
Cifras y modus operandi
La maniobra incluyó la captación de millones de dólares que, según la Fiscalía, fueron desviados de forma sistemática. Se estima que el perjuicio total asciende a 18.156.854 dólares y 77.365 euros, además de fondos en pesos argentinos.
Las oficinas en calle Córdoba y luego en calle Rioja, en Rosario, fueron el centro operativo donde los imputados recibían dinero en efectivo y formalizaban contratos de mutuo. Utilizaban una fachada de profesionalismo que incluía la emisión de recibos y reportes bimensuales de ganancias. El ardid, según las investigaciones, se apoyó en la reputación del líder de la organización, Luis H., quien usaba su experiencia en el mercado de capitales para inspirar confianza.
La investigación también reveló transferencias de fondos a cuentas en el exterior, incluyendo operaciones desde el banco JP Morgan Chase que totalizan 4,6 millones de dólares entre 2020 y 2021. Parte del dinero se destinó a adquirir inmuebles en la costa atlántica argentina y a realizar inversiones en fondos internacionales y brokers, dificultando la trazabilidad de los activos.
Además, los imputados emplearon sociedades vinculadas para ocultar el origen ilícito de los fondos, lo que constituye una práctica típica de lavado de activos.
En 2020, algunos inversores comenzaron a solicitar la devolución de sus fondos debido a necesidades personales, pero enfrentaron retrasos y negativas. Paralelamente, la empresa continuó enviando reportes falsos de saldos a sus clientes. En septiembre de 2021, la Comisión Nacional de Valores detectó un faltante de 793.000 dólares y 77.123.800 pesos en las cuentas comitentes, lo que precipitó el colapso del sistema y la quiebra de la sociedad.
Violación de órdenes judiciales
En diciembre de 2023, la jueza Paula Álvarez había prohibido a los imputados disponer de fondos en el extranjero sin autorización judicial. Sin embargo, las pruebas secuestradas durante un allanamiento en diciembre de 2024 revelaron que Luis e Ignacio H. realizaron transferencias ilegales, incluyendo una de 3 millones de dólares en enero de 2024.
Luis Herrera es considerado jefe y organizador, utilizó su experiencia y reputación para liderar las operaciones fraudulentas. Dirigió la estructura administrativa y coordinó la captación de fondos y su posterior desvío. Sus hijos, Ignacio y Diego, alternaban en la atención a los clientes, proporcionando informes falsos y justificando la falta de pagos con excusas económicas. Por su parte, Marcela F. como vicepresidenta de la sociedad, facilitó las operaciones fraudulentas, consciente de las irregularidades.
Cierre y próximos pasos
La jueza Álvarez resolvió la prisión preventiva para los tres principales imputados por seis meses, mientras avanza la investigación para esclarecer el alcance completo del perjuicio y la cantidad de víctimas afectadas. Por su parte, la Fiscalía continúa recopilando evidencia para imputar a otros posibles involucrados en la red de estafas.
El caso, que afecta a cientos de ahorristas, pone en evidencia los riesgos de las inversiones en esquemas no regulados y la necesidad de controles más estrictos en el mercado financiero.