La medida de fuerza que arrancó este miércoles por 48 horas se extenderá a pesar del pago de retroactivos adeudados. Jorge Perlo, secretario ejecutivo del Sindicato de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Fe, señaló que aún quedan "158 decretos que tiene retenidos el gobernador a la firma"
Los trabajadores judiciales de la provincia de Santa Fe llevan a cabo un nuevo paro que afecta de manera significativa la actividad en el Centro de Justicia Penal y en los Tribunales Provinciales. La medida que arrancó este miércoles se extenderá hasta el jueves a pesar del pago de retroactivos adeudados.
En declaraciones a Radioinforme 3, que se emite por Cadena3 Rosario, Jorge Perlo, secretario ejecutivo del Sindicato de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Fe, explicó que «está depositado el dinero que nos deben de los retroactivos en las cuentas de los trabajadores y trabajadoras judiciales». Sin embargo, agregó que aún quedan «158 decretos que tiene retenidos el gobernador a la firma», lo que genera malestar y frustración entre los empleados del sector.
Perlo destacó que «nadie le va a devolver a los que tienen que ascender el dinero que perdieron entre una categoría y la otra», lo que agrava el descontento de los trabajadores, quienes consideran que el gobierno no está cumpliendo con sus compromisos. En este sentido, el secretario gremial remarcó la importancia de la firma de los decretos pendientes, cuya demora ya lleva varias semanas y sigue sin resolverse.
El dirigente sindical también se mostró sorprendido por la intensidad del conflicto: «No recuerdo tres o cuatro semanas seguidas de paro. La última gran medida de fuerza fue en el año 94», indicó Perlo, subrayando que la situación actual es atípica y refleja el nivel de frustración de los trabajadores judiciales.
Además, el gremialista expresó su malestar por las recientes declaraciones del gobierno respecto a los ascensos automáticos, aclarando que «acá no hay ascensos automáticos, acá hay calificaciones». Esto ha generado tensiones dentro del sistema judicial, ya que los empleados deben esforzarse por obtener los mejores puntajes en sus evaluaciones para acceder a los ascensos, lo que ha incrementado el clima de conflicto. El impacto del paro se extiende a toda la provincia, con la suspensión de plazos y audiencias, lo que afecta directamente a abogados, litigantes y a la prestación del servicio de justicia