Por Diego Añaños - CLG
Por Diego Añaños – CLG
Una de las habilidades clave de un buen jugador de póker, o de truco, si quieren, es la de detectar con la mayor precisión posible cuándo su adversario tiene juego y cuándo está montando un bleuf para disimular su falta de cartas. Es por eso que algunas señales, como la posición de las manos, el ritmo en la toma decisiones, el lenguaje corporal o el tono de los comentarios, suelen ser objeto de un profundo análisis, de modo de poder determinar con algún grado de certeza, cómo viene la mano del contrincante. En función de es estrategia, los jugadores buscan permanentemente distraer la atención y evitar mostrar patrones estables de comportamiento, para que sus oponentes no puedan adivinar su juego. Del mismo modo, una liebre corre en zigzag, para esquivar al galgo, un pulpo lanza un chorro de tinta cuando escapa, o un pez globo se infla para parecer más grande y disuadir a sus depredadores de hacerlo su presa. Es así, la confusión suele ser un dispositivo muy poderoso cuando de lo que se trata es de ocultar información. Como todos sabemos, muchas veces (no siempre, claro) una actitud excesivamente agresiva, más que ser un síntoma de fuerza, debe ser leída como una señal de debilidad, o de temor.
En los últimos días, el Gobierno nacional ha encarado un conjunto de medidas de alto impacto mediático, luego de que Federico Sturzenegger prometiera durante el Coloquio de Idea la semana psada, que se venía la deep motosierra. El primero fue el anuncio de disolución de la AFIP y la creación de la ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), que incluyó además el anuncio de despido de más de 3000 agentes públicos. Luego la confusión: en un mismo comunicado se aseguró que en realidad no serían despedidos, sino que los empleados que habían ingresado de forma irregular durante el gobierno anterior, serían reubicados dentro del organigrama estatal. El argumento es el de siempre, bajar los sueldos de los funcionarios de alto rango (sueldos que el mismo Milei había ofrecido para robarle los cuadros a las empresas privadas, hay que decirlo), y achicar la planta del Estado. El objetivo: ahorrar $6.400 millones. La cifra parece importante, pero son menos de U$S65 millones. La pregunta que quedó flotando es: por qué reubicarían a agentes ingresados irregularmente? Si su ingreso fue irregular, no deberían ser directamente exonerados? Paralelamente, y como me decía un querido amigo, docente de nuestra universidad ayer en los pasillos de la Facultad: hay que seguir muy de cerca la respuesta que va a recibir el gobierno por parte del personal de la AFIP. No habría que despreciar el poder de las burocracias, y éste, como cualquier gobierno, necesita de una gestión eficiente de la recaudación tributaria para funcionar.
Luego, el miércoles, a través de la resolución 3/2024 del Ministerio de Desregulación y Transformación, a cargo de Federico Sturzenegger, ya publicada en el Boletín Oficial, se resolvió que todos aquellos agentes de la administración pública que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 19 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, número 24.241 sean intimados a “iniciar sus trámites administrativos a fin de ingresar al sistema previsional”. Traducido, se dispuso que todos aquellos empleados públicos que estén en condiciones legales de hacerlo, es decir que tengan la edad prevista (65 para los hombres y 60 para las mujeres) y hayan cumplido con los 30 años de aporte, serán jubilados compulsivamente. Como fundamento de la medida se citó la declaración de Emergencia Pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, contenida en la Ley Bases. Además, se consideró que la declaración citada faculta al Ejecutivo a «mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, reduciendo el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas». No queda muy claro de qué modo ayuda a mejorar el funcionamiento del Estado el literal despido masivo de personal, sin considerar la calidad de la tarea y la función específica que cumple cada agente, pero bueno, la motosierra no lija, sólo corta.
Finalmente, y para cerrar el día a todo vapor, el gobierno anunció la privatización de la línea de trenes Belgrano Cargas. La Ley Bases también operó como fundamento normativo para la decisión, pero no sólo eso. El vocero presidencial Manuel Adorni también sostuvo que la decisión no sólo se fundamentaba en la idea de que el Estado no debe ser empresario, sino que además la línea era un monumento a la ineficiencia. Horas más tarde, el secretario de Transporte Franco Mogetta, anunció que se está trabajando además en un proyecto destinado a vender también las líneas de trenes de pasajeros, con un esquema diferente al utilizado en los años 90s. Lo de los trenes cerró una andanada a discreción que se había iniciado el lunes cuando Adorni anunció la eliminación de la exención del IVA para los medios de comunicación. Todavía puede haber más, claro.
En fin, una ráfaga de medidas de alto impacto mediático, pero de mínimo impacto presupuestario, que mantienen al gobierno en el centro del ring, conservando intacta la capacidad de fijar la agenda pública, algo que viene mostrando desde el inicio. Los hechos muestran a un oficialismo dueño de la iniciativa política, instalando no sólo los ejes de discusión, sino también el tono en que la misma se va a dar. Sin embargo, y reinterpretando a Nietzsche, los hechos no suelen ser tan importantes como las interpretaciones. Y daría la impresión de que algunas muestras de poder arrasador, de una gestión que se lleva todo por delante, no son más que estrategias destinadas a ocultar el temor de un gobierno al que las cosas se le están complicando cada día más.