Una corte francesa confirmó este jueves que Nicolas Sarkozy debe ser procesado por la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012, con lo que podría convertirse en el segundo mandatario francés que pasa por tribunales tras dejar el cargo.
Nicolas Sarkozy, que fue presidente entre 2007 y 2012, apelará la decisión ante la Corte de Casación, el tribunal de última instancia en Francia, anunció su abogado, Thierry Herzog.
Los fiscales afirman que el expresidente conservador gastó casi 43 millones de euros (51 millones de dólares) en su campaña para la reelección, casi el doble del límite legal de 22,5 millones de euros.
Para ello, según la acusación, su partido, la UMP (hoy llamado Los Republicanos) contrató los servicios de una agencia de comunicación que emitió facturas falsas para ocultar los sobrecostos de los actos de campaña, incluyendo sus multitudinarios mítines.
Sarkozy niega todos los cargos que se le imputan. Si es declarado culpable, podría ser condenado a hasta un año de prisión.
Caso Bygmalion
Este caso, conocido como «Bygmalion», por el nombre de la agencia de comunicación que emitió las facturas, salió a la luz en 2014 tras revelaciones de la prensa.
Ejecutivos de la agencia y el ex subdirector de la campaña de Sarkozy, Jérôme Lavrilleux, admitieron la existencia del fraude que consistía en imputar al partido cerca de 16,2 millones de euros en gastos de mitines electorales que en realidad tenían que figurar en las cuentas oficiales del candidato.
Exdirigentes del partido, responsables de la campaña y ejecutivos de Bygmalion deberán también rendir cuentas ante la justicia por falsificación, fraude o complicidad, abuso de confianza y ocultación. Estos cargos que no fueron retenidos contra el expresidente.
Para el juez, Sarkozy, «sin duda alguna se benefició de los fraudes» para disponer de importantes recursos de campaña, pero señaló que la investigación no estableció que el candidato los hubiera ordenado o que estuviera al corriente de su existencia.
Si se celebrara un juicio, sería la segunda vez que un ex jefe de Estado francés sería juzgado en un tribunal en un caso político-financiero bajo la Quinta República, en vigor desde 1958, después de Jacques Chirac (1995-2007).
Este último fue condenado a dos años de prisión con suspensión de la pena en 2011 en un caso de empleos ficticios en el ayuntamiento de París, ciudad de la cual fue alcalde.