Así lo expresó el rector de la UNR en diálogo con CLG al referirse al veto a la Ley de Financiamiento Universitario y aseguró que "la educación debe ser una prioridad"
Por Sofía Dalonse – CLG
A principios de octubre el presidente Javier Milei vetó la ley de Financiamiento Universitario horas después de la marcha en defensa del presupuesto para la educación pública. Esta decisión desencadenó en un repudio masivo en distintas partes del país, con universidades tomadas y movilizaciones.
En diálogo con CLG, Franco Bartolacci, rector de la UNR, habló del impacto de la medida impulsada por el Poder Ejecutivo, dio detalles del presupuesto actual, la situación de los docentes universitarios y habló de las auditorías que ya se realizan.
Bartolacci expresó que la preocupación es «del orden práctico, ante la imposibilidad de encontrar una respuesta razonable al problema de gastos de funcionamiento, sobre todo a la cuestión salarial, que es la más angustiante que hoy que atraviesan docentes y no docentes universitarios».
Según explicó, un docente inicial en Argentina cobra alrededor de 150 mil pesos y un profesor titular al frente de una cátedra cobra entre 300 y 400 mil pesos por mes. «Estamos hablando de la gente que tiene la responsabilidad de formar a los futuros profesionales del país. La preocupación está en no encontrar respuesta a un problema que debería ser razonable de solucionar en un país», señaló al respecto.
Pero a esta cuestión, le sumó lo que consideró «una campaña muy injusta que busca desprestigiar al sistema universitario, generar una especie de manto de sospechas en torno a la universidad para que eso la desacredite y que ese desprestigio sea el fundamento del desfinanciamiento».
Y agregó: «Me preocupa porque en un país donde no se han resuelto bien muchas cosas, si hay algo bueno que hemos construido es un sistema universitario muy robusto que tiene la Argentina, que además es la única institución pública que tiene reconocimiento y prestigio social. Cualquier estudio de opinión indica que la universidad es la única que se salva al enorme desprestigio razonable que tienen la mayoría de las instituciones».
En la misma línea, sostuvo: «Es insólito que en vez de cuidar ese prestigio y preservar lo bueno que construiste que es de lo poco bueno que te queda con credibilidad social, se intente permanentemente socavar la legitimidad de la universidad pública».
Respecto a las auditorías, aseguró que se ha generado una falsa dicotomía: «Hay que contarle a la gente que ya se auditan las universidades. Tenemos dos auditorías externas: la auditoría general de la Nación y la comisión nacional de acreditación de evaluación universitaria; ambas establecidas por ley. También tenemos auditorías internas en todas las universidades. Adicionalmente, tenemos la ley de administración financiera; no es que una autoridad universitaria ejecuta el presupuesto como le parece».
Y continuó: «Presentamos cada 6 meses a contaduría general de la Nación un balance del ejercicio presupuestario. Y como si todo eso no fuera suficiente, todos los meses rendimos el listado completo a Secretaría de Educación de la Nación el listado completo del personal y los sueldos».
En este sentido, destacó que el Estado tiene la responsabilidad de controlar, «no tiene que decir déjense auditar; si tienen que auditar, auditen».
Al concluir, expresó: «Alzamos la voz para encontrar una respuesta a un problema razonable. Hoy el Estado nacional destina al sistema universitario que garantiza la posibilidad de estudiar a 3 millones de jóvenes el 0,6% del PBI y para solucionar el problema estamos pidiendo el 0,7%. Cuando uno tiene dificultades económicas tiene que tener prioridades y la educación, sin dudas, tiene que ser una de ellas».