La decisión se debe al riesgo que supone mantener la planta sin una guardia mínima, ya que hay productos almacenados altamente inflamables
El pasado 4 de octubre, Dow Química Argentina anunció de manera unilateral el cierre de su planta en Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe. Esta decisión implica la pérdida de más de 600 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, y afecta gravemente al sistema industrial de la región y a las industrias nacionales que dependen de los insumos producidos en esa planta.
El cierre de esta planta, la única en el país que produce estos insumos, obligará a recurrir a importaciones, lo que incrementará los costos, complicará la logística y debilitará la competitividad industrial, impactando de forma significativa en la economía regional. Además, esta situación podría consolidar la posición monopólica de Dow, ya que la empresa podría abastecer al mercado argentino importando desde su planta en Brasil. Esto profundizaría la dependencia del país en insumos extranjeros y reforzaría el control de Dow sobre el suministro, elevando potencialmente los costos para las industrias locales y nacionales, afectando así la competitividad y la soberanía industrial del país.
En este contexto, el 9 de octubre se llevó a cabo una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Provincia. En la reunión, participaron representantes del sindicato, funcionarios del gobierno provincial y directivos de la empresa. Se acordó la reincorporación de cuatro trabajadores, debido al riesgo que supone mantener la planta sin una guardia mínima, ya que hay productos almacenados altamente inflamables.
El Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (SOEPU) sostuvo que es necesaria la creación de una mesa interministerial con amplia participación de funcionarios provinciales. «No solo están en juego los más de 600 puestos de trabajo directos e indirectos, sino todo el entramado productivo provincial que depende de lo producido en Dow PGSM», afirmó Brizuela, representante del sindicato. Además, subrayó la urgencia de la participación del Ministro de Producción de la provincia, destacando que «no estamos pidiendo ni mendigando ayuda, sino que cumpla con su función establecida por mandato constitucional, que es la defensa de los intereses de la competencia».
La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia respaldó esta postura en un dictamen de 2021, cuando Dow intentó cerrar sus puertas por primera vez. En dicho documento, se advirtió sobre las consecuencias de la destrucción de los factores productivos, como el aumento de los costos para nuevos competidores y la afectación directa en el mercado laboral. En ese entonces, se ordenó a Dow no innovar, alterar ni modificar los activos productivos de su planta en Puerto General San Martín, salvo que las acciones tuvieran como objetivo el mantenimiento o mejora de los mismos hasta que se resolviera la cuestión de fondo.
Exigencia de venta de la planta
Desde el SOEPU, se insiste en que la intervención ministerial no debe limitarse solo a la defensa de los puestos de trabajo, sino que también debe proteger la industria regional y el entramado productivo de Santa Fe. En palabras de Brizuela: «Nosotros planteamos la importancia de que se siga produciendo en esta planta. Tanto el Ministerio como la provincia deben instar a que la vendan porque es una planta rentable. No es un problema económico, sino una decisión global de reorganización de las plantas, y lo que quieren es traer el producto terminado desde Brasil. Lo que pedimos es que Dow venda para que se continúe produciendo en Santa Fe».
La situación sigue siendo crítica para los trabajadores y la economía regional, mientras se espera que las autoridades provinciales y nacionales tomen medidas para garantizar la continuidad productiva y evitar la dependencia de insumos extranjeros.