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Conflicto aceitero: el gobierno dictó la conciliación obligatoria y se levanta el paro


La intervención del Ministerio de Trabajo se produjo este lunes, en respuesta a un pedido de la industria aceitera

En el marco de las negociaciones paritarias del sector aceitero, el Ministerio de Trabajo de la Nación ha dictado la conciliación obligatoria, lo que implica que los trabajadores deberán levantar la medida de fuerza que mantenían en las terminales portuarias de la región.

El paro nacional de los trabajadores aceiteros comenzó el pasado martes, tras el fracaso en alcanzar un acuerdo salarial con las cámaras empresarias del complejo oleaginoso. La huelga fue convocada por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo.

La intervención del Ministerio de Trabajo se produjo este lunes, en respuesta a un pedido de la industria aceitera. Las empresas argumentaron que era imposible recuperar el diálogo con los líderes sindicales y que se les había impedido el ingreso de trabajadores a las plantas, lo que afectó el normal desarrollo de las actividades. Además, las compañías destacaron los daños económicos generados a los transportistas de granos, que quedaron varados o no pudieron realizar sus viajes a puertos debido al paro.

Este lunes al mediodía, los aceiteros llevaron a cabo una asamblea en la planta de Molinos Río de la Plata en Rosario, donde se informó sobre el dictado de la conciliación obligatoria. Desde el gremio local adelantaron que las actividades en las terminales se reanudarán a lo largo de la jornada.

Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera, participó en la asamblea y reafirmó el mandato de la asamblea de delegados realizada en San Lorenzo hace menos de un mes, en la que se determinó tomar las medidas necesarias para defender el salario mínimo vital y móvil ajustado a derechos.

El reclamo salarial de los aceiteros se basa en la necesidad de alcanzar un salario mínimo vital y móvil de $1,55 millones, lo que representa un aumento del 26% respecto al sueldo actual. Este salario debe satisfacer las nueve necesidades básicas establecidas por la ley de contrato de trabajo y el artículo 14 de la Constitución: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.

Los representantes sindicales han manifestado su preocupación por lo que consideran una reminiscencia de las políticas neoliberales de los años 90, que, según ellos, llevaron a la industria nacional y a los trabajadores a una situación cercana a la pobreza.

Por otro lado, la industria aceitera sostiene que las demandas salariales han sido atendidas con una oferta de aumento del 12% a partir de julio y un 5% adicional para septiembre, lo que eleva el total al 107% anual. Además, destacan que el salario mínimo ofrecido supera los $2 millones y el salario promedio supera los $3 millones. Desde la industria se argumenta que es momento de cerrar acuerdos salariales y dejar de lado aspiraciones o cuestionamientos sobre políticas públicas que van más allá del ámbito de las paritarias.