Según una encuesta que realizaron este año desde Inquilinos Agrupados, los argentinos destinan casi la mitad del sueldo solo en pagar el alquiler. Por eso, el proyecto de ley de alquileres que obtuvo dictamen esta semana en Diputados, busca beneficiar a los casi 7 millones de inquilinos que hay en todo el país con una modificaciones al Código Civil y Comercial, en lo que refiere a regulación de precios, extensión de contratos, expensas y garantías, entre otros.
El proyecto podría llegar al recinto los primeros días de noviembre: el diputado de Cambiemos Daniel Lipovetzky dijo que se tratará después de la sesión del Presupuesto. Y si Diputados aprueba el proyecto, volverá al Senado y podría ser ley antes de fin de año. “Creemos que antes de diciembre se vota en las dos Cámaras, así que estamos bastante expectantes para que suceda eso”, dice Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, que impulsó y participó de la redacción del proyecto.
Entre los principales cambios se destacan:
Aumentos. Uno de los ejes centrales del proyecto es cómo se estipula el precio de los alquileres y sus incrementos. Así, según lo establecido, los aumentos, que serán semestrales, se ajustarán respondiendo a la inflación y los salarios; para evitar que sea el mercado el que regule los incrementos. Para eso, el ajuste se hará tomando un índice conformado por el índice de precios al consumidor (IPC) y el coeficiente de variación salarial (CVS), que elabora el Indec.
Plazos del contrato y garantías. Otro cambio significativo es la extensión de los contratos de dos a tres años, siempre que se trate de locaciones destinadas a vivienda. Con esto, se busca aliviar a las familias que ante los incrementos solicitados a la hora de renovar un contrato se ven obligadas a cambiar de vivienda cada dos años. Además, se aceptarán como variante de garantías los recibos de sueldo, aval bancario o seguro de caución.
Comisiones inmobiliarias. Las comisiones por los servicios de las inmobiliarias pasarán a ser un gasto del dueño y no del inquilino, uno de los puntos que critican los corredores inmobiliarios (ver aparte).
Cargas y registro. Los gastos vinculados al uso habitual de la vivienda están a cargo del inquilino, es decir, el pago de servicios mensuales y bimensuales, y de las expensas comunes. Las expensas extraordinarias –vinculadas a arreglos en los edificios, por ejemplo–, deben ir a cargo del propietario.
El proyecto también establece que los contratos deberán ser registrados por el propietario ante la AFIP. Las inmobiliarias, en alerta. Desde el sector inmobiliario rechazan el proyecto de ley, y sostienen que no fueron consultadas a la hora de la redacción del mismo. Respecto al punto que establece que la comisión por su intermediación pase del inquilino al propietario, advierten que esto provocará un incremento de los alquileres. Y que, regular los precios con un índice entre inflación y salario provocará que baje la oferta de propiedades en alquiler.