La diputada Amalia Granata pidió conocer los pormenores judiciales del desastre natural más importante de la provincia en el siglo XXI
En la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe se presentó un proyecto de comunicación dirigido al Poder Ejecutivo, específicamente al Ministerio de Justicia u otro organismo pertinente, solicitando información detallada sobre varios aspectos relacionados con las causas judiciales vinculadas a las inundaciones de 2003 en la ciudad de Santa Fe.
El documento, firmado por la legisladora Amalia Granata, resalta que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe dictó una sentencia responsabilizando al estado provincial y ordenando indemnizaciones para los afectados que iniciaron juicios. En este contexto, se solicita un informe sobre la cantidad de causas en las que la provincia deberá pagar dichas indemnizaciones, así como un detalle exhaustivo de las causas y los representantes legales involucrados en ellas. Además, se requiere información sobre el presupuesto provincial destinado a cancelar los juicios derivados de la inundación, incluyendo capital, intereses, costas, honorarios y aportes profesionales.
El pedido de informe se fundamenta en la necesidad de transparencia y rendición de cuentas por parte del nuevo gobierno y el Fiscal de Estado. La decisión del gobierno santafesino de no apelar la sentencia de la Corte Suprema permite que los damnificados cobren las indemnizaciones pendientes desde hace más de una década, asumiendo la responsabilidad del gobierno de entonces por las pérdidas humanas y materiales sufridas.
El texto destaca la importancia de conocer el costo total para la provincia, no solo en términos de capital e intereses, sino también en costas judiciales, honorarios y aportes profesionales. Asimismo, se resalta una posible incompatibilidad debido a que muchos de los juicios fueron iniciados por el Dr. Rondina, actual Fiscal de Estado, quien tiene un historial de litigios contra la provincia. A pesar de haber delegado sus casos, la situación genera inquietud.
El proyecto enfatiza la necesidad de una defensa transparente de los intereses provinciales, sin que prevalezcan intereses personales. Los legisladores buscan así garantizar que las preocupaciones de los ciudadanos sean atendidas con claridad y responsabilidad.