El gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, firmó la adhesión a dos protocolos sobre abortos no punibles y educación sexual, anunció la creación de una mesa de enlace para planificar y garantizar su implementación en las escuelas y aclaró que las instituciones no pueden alegar objeción de conciencia para no cumplir con la leyes.
La provincia puso en vigencia así, el protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, emanado del programa salud sexual y procreación responsable del Ministerio de Salud de la Nación en abril 2015, que permitirá implementar y hacer operativos, los protocolos hospitalarios para la atención de los abortos no punibles y para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual.
A través de la adhesión provincial al protocolo para la atención integral de personas víctimas de violaciones sexuales, aprobado por la Nación en 2011, los efectores sanitarios deberán propender a la atención médica y psicosocial de las víctimas, respetando su autonomía y garantizando su privacidad y confidencialidad.
Finalmente la adhesión a la Ley N° 26.150 del programa Nacional de Educación Sexual Integral, firmado anoche, permitirá a la provincia implementar la obligatoriedad de la educación sexual integral en todos los niveles y modalidades educativas, abordando, sin excepción, los cinco ejes conceptuales que incluyen cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer nuestros derechos.
Rodríguez Saá, anunció además la creación de una mesa de enlace tendiente a la planificación, ejecución, evaluación y monitoreo de políticas públicas con perspectiva de género para garantizar la implementación de la Ley Nacional N° 26.150, priorizando la promoción de derechos humanos, la salud integral de las mujeres, el parto humanizado y el respeto a la interculturalidad del mismo.
En la oportunidad, el mandatario sostuvo que existe la legislación nacional que establece la educación sexual y existe el protocolo que establece cómo tratar los casos de violación y que en San Luis “lo que estamos haciendo es aclarar nuestras convicciones” y afirmó que los puntanos “vamos a unirnos respetando la ley”.
Finalmente, el jefe del Ejecutivo de San Luis aclaró que las instituciones no son objetoras de conciencia y que “tenemos que tener la cabeza abierta para entender este mecanismo, porque los sanatorios, los hospitales y las escuelas “no son objetores de conciencia y todos deben cumplir la ley”.