El CIN resaltó la necesidad de que la sociedad en general y la comunidad universitaria acompañen el reclamo y exigieron que cualquier acuerdo nacional priorice la cuestión educativa.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a las universidades de todo el país, aprobó de manera unánime este martes la convocatoria a una marcha federal en defensa de la educación pública. El evento está programado para el 23 de abril en la ciudad de Buenos Aires.
La decisión fue tomada durante el plenario de rectoras y rectores celebrado en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Solo resta definir el lugar exacto y el horario para esta manifestación, que se espera sea masiva.
En un comunicado, se destacó: «Convocamos a una gran demostración nacional en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino. En conjunto con las representaciones docentes, no docentes y estudiantiles. Toda la comunidad universitaria, toda la sociedad, porque el futuro está en juego. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación».
Los rectores hicieron hincapié en la grave situación económica y financiera que atraviesa el sistema universitario público y la urgente necesidad de respuesta por parte de los poderes del Estado nacional. Se mencionó la falta de acuerdos paritarios, el deterioro del sistema científico y tecnológico, así como la suspensión de obras de infraestructura.
Además, se destacó la falta de actualización de los gastos de funcionamiento, la no renovación de los sistemas nacionales de becas y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
El comunicado enfatizó la alta valoración de las universidades públicas por parte de la sociedad argentina, tanto por su labor de formación como por su contribución al conocimiento y la innovación, la transferencia al mundo laboral y las tareas de extensión y solidaridad.
El CIN resaltó la necesidad de que la sociedad en general y la comunidad universitaria acompañen el reclamo y exigieron que cualquier acuerdo nacional priorice la cuestión educativa.
«Se trata de la defensa de la sociedad argentina en su conjunto, que si quiere resolver sus problemas estructurales, debe priorizar la educación pública que nos iguala y hace libres, la formación universitaria de excelencia y la inversión en ciencia y tecnología y, consecuentemente, jerarquizar su asignación presupuestaria», expresaron.
El comunicado concluyó afirmando: «Defendemos el derecho de las y los jóvenes de acceder, según su deseo y vocación, a la educación pública superior de excelencia, no arancelada y con ingreso libre. Un sistema abierto que promueve la movilidad social y las transformaciones de nuestras comunidades, del que nuestras y nuestros graduados son su mejor expresión».