Por Diego Añaños - CLG
Por Diego Añaños – CLG
A comienzos de la semana pasada una noticia sorprendía a los argentinos. Se había roto el récord de exportación de carne luego de 57 años. Según los titulares esto se debía a un cambio en la política exportadora llevado adelante por la gestión libertaria. Es decir, se adjudicaba el récord a la decisión del equipo económico de remover las trabas a la exportación de determinados cortes de carne, así como el fin de la veda que frenaba la venta de siete cortes populares (asado con o sin hueso, falda, matambre, tapa de asado, nalga, paleta y vacío). Sin embargo, y a medida que se profundizaba en los análisis, nos encontrábamos con que los mismos representantes del sector afirmaban que el fin de las restricciones sólo explicaba entre el 12 y el 15% del crecimiento de las exportaciones. Qué estaría sucediendo entonces? La explicación es simple: la fuerte caída de las ventas en el mercado interno, como producto de la crisis económica, liberó grandes remanentes de saldos exportables, que fueron reconducidos al mercado exterior. Y créanme que la caída fue impresionante. Nos podemos ir hacia atrás en la historia y nos vamos a encontrar con que en 1956 se registró un pico máximo de consumo per cápita por encima de los 100 kilos anuales, una locura. Podemos ver qué pasaba en 2015 y nos vamos a encontrar con que estaba levemente por encima de los 59 kilos anuales. En 2023 estábamos por encima de los 52 kilos, y ya era preocupante. Pues bien, en febrero de este año ya estamos entre algo por encima de los 44 kilos, 15 kilos per cápita anuales por debajo de 2015. Como verán, la crisis no es para todos, porque la contracara del empobrecimiento de los trabajadores es la mejora de la situación relativa de los exportadores de carne.
Por otro lado, es la misma crisis la que le está poniendo un límite a la estrategia del gobierno de reducción del déficit fiscal. A ver, si bien el efecto inmediato es muy impactante, no se puede financiar permanentemente el ajuste a través de la suspensión del pago a las empresas energéticas a la vez que se licúan brutalmente las jubilaciones y los salarios del sector público y se aumentan los impuestos. En algún punto se produce un efecto combinado en el que los recortes tocan el fondo de la olla y la recesión comienza a golpear a la recaudación fiscal, de modo que los márgenes de éxito comienzan a achicarse hasta desaparecer. El ministro de Economía lo tiene muy claro, por lo que viene desarrollado una estrategia para acelerar los tiempos en la búsqueda de obtener el apoyo necesario dentro del FMI para conseguir una nueva línea de financiamiento por alrededor de U$S15.000 millones. La narrativa oficial sostiene que el objetivo del préstamo es acumular las reservas necesarias para salir del cepo, pero es un secreto a voces que estos modelos colapsan cuando se apaga el flujo de divisas externas.
El sector exportador conoce perfectamente los límites de la estrategia gubernamental, que necesita como el aire los dólares provenientes de las exportaciones, por lo que comienza a poner condiciones. Según las versiones que dejaban circular desde el sector hasta hace una semana, lo más importante era el cierre de la brecha y la liberación cambiaria.
Sin embargo, la decisión del equipo económico de sostener un esquema de crawling peg al 2% mensual desde noviembre de 2023, cuando la inflación de ese mismo período está por encima del 70%, está encendiendo las luces de alarma. Paralelamente, no sólo por diversas razones (vinculadas al clima y a las plagas) la cosecha no será la que se esperaba inicialmente, sino que los precios de los principales productos de exportación se vienen derrumbando sistemáticamente. El cóctel es explosivo: retraso cambiario, empeoramiento de los pronósticos de la cosecha y precios a la baja. Hasta el momento, no habían aparecido voces presionando para una devaluación, pero ya comenzaron a escucharse. El martes por la tarde, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales, afirmó que “las 100 millones de toneladas van a salir si conseguimos mejor precio”. Es decir, que si no mejoran las condiciones de la renta exportadora, la lluvia de liquidaciones profetizada por el gobierno se va a parecer mucho más a un lento goteo, asociada directamente a las necesidades de corto plazo de los productores. Incluso sugirió que Milei tiene dos opciones para responder a la demanda del sector: o bien decide un salto devaluatorio significativo o bien implementa una baja de los derechos de exportación. Una de las dos, o ambas a la vez, esa es la propuesta. De otro modo, la amenaza expresa es que esas 100 millones de toneladas no van a salir de los campos, los acopios y las cooperativas. No sólo es una amenaza mediática, sino que es una amenaza de cumplimiento posible. Idígoras no es una patrulla perdida, y cada vez que habla públicamente, es porque el sector tiene algo para decir. Son momentos complejos para el oficialismo, porque a la crisis económica, se le suma la crisis política interna y el conflicto con la oposición en el Congreso. La tensión con el sector agro-industrial representa un nuevo e inesperado foco de preocupación para el gobierno, ya que era un frente del que se esperaban soluciones y no nuevos problemas.