La Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico sostiene que el sistema de salud en nuestro país no cumple con las necesidades de la población
La Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (Cadime) solicitó incluir a la salud como política de Estado entre las propuestas del «Pacto de Mayo» al que convocó el Gobierno nacional mediante la creación de un «Acuerdo Federal Sanitario», con la participación de todos los actores para favorecer la democratización de las decisiones, la formación de consensos, la transparencia y la publicidad de los actos y procedimientos.
De acuerdo con la entidad gremial empresarial, que representa a 13.000 pymes de diagnóstico y tratamiento médico ambulatorio radicadas en todo el país, la idea es transformar la salud en una política de Estado, mediante un pacto entre la Nación y todas las jurisdicciones del país permitiría trazar un camino para resolver la crisis de financiamiento del sector de la salud, al reducir el gasto innecesario; y lograr un mejor acceso de la población a los servicios de salud y una mayor calidad de atención.
Según informó Cadime en un comunicado, el sistema de salud de nuestro país es claro: no cumple con las necesidades de su población.
«Si bien tenemos profesionales de buena formación y disponemos de los adelantos de la tecnología médica, la mayoría de los argentinos no recibe atención de calidad en tiempo y forma, incluso con la cobertura de una obra social o medicina prepaga. Esto agrava aún más la situación de los servicios de salud del Estado, cuya demanda se incrementa a raíz de la crisis económica», explica Guillermo Gómez Galizia, presidente de Cadime.
Según el análisis de la entidad, la razón de fondo es que «la Argentina no emprendió una política de Estado en materia de salud, que implemente la construcción de un sistema con mejora continua en el acceso, cobertura y calidad de atención».
«Tanto los profesionales como los establecimientos de servicios de salud para el diagnóstico y tratamiento sufren el mal pago de los financiadores, sean obras sociales o empresas de medicina prepaga. Esto pone en peligro la sostenibilidad económica de la red de atención primaria de la salud y, por lo tanto, atenta contra la prevención de las enfermedades», subraya Gómez Galizia.
En este contexto, Cadime cuenta con una propuesta para tratar de resolver estos problemas que, por otra parte, no son ajenos a la crisis global de gastos en salud, debido al incremento de la población más longeva y a la demanda de nuevas tecnologías de diagnóstico y tratamiento.
La propuesta se basa en integrar la oferta de todos los recursos disponibles en una red de servicios de atención primaria público-privada.
«En la Argentina, se estima que los servicios de diagnóstico por dispositivos médicos influyen en el 70% de las decisiones clínicas y sólo representan el 1% del total del gasto sanitario promedio.
Asimismo, cumplen un rol fundamental en la reconversión del gasto, priorizando una salud de la prevención a una de la enfermedad. Por cada peso que se invierte en diagnóstico, el gasto global en salud se reduce en cinco pesos», detalla Rolando Morgensterin, integrante del Área Técnica de Cadime.
Del «Acuerdo Federal Sanitario» que propone la Cámara deberían formar parte los organismos ministeriales de salud de la Nación y de cada jurisdicción política, por intermedio del Consejo Federal de Salud (Cofesa), para establecer el enfoque clínico de la atención primaria de la salud como estrategia sanitaria de la población e implementar un «Fondo Único de Financiamiento de Salud» para cada provincia o jurisdicción.
También deberían participar las entidades representativas de los prestadores públicos y privados, en pos de integrar una red de atención para el diagnóstico y tratamiento de igual calidad de cobertura, de acuerdo con las prioridades de salud de cada área geográfica poblacional, junto con los agentes sanitarios que sirvan de puentes entre la población que demanda atención y los prestadores clínicos ambulatorios.
Lo mismo deberían hacer los financiadores de la seguridad social y de la medicina prepaga, para coordinar con los organismos ministeriales las coberturas con acceso y calidad de las prestaciones clínicas, y también los proveedores de medicamentos y productos médicos, para ayudar a promover la eficiencia en el gasto.