Los dueños del edificio advierten iniciar Medidas Legales por la Falta de Pago de la Provincia por la Expropiación del Inmueble ubicado en Córdoba al 2600
La escuela Guido y Spano, de Córdoba 2645, está en peligro de cierre. La provincia no ha pagado por la expropiación que se aprobó a mediados de 2022 y los dueños del inmueble advierten por demandas judiciales
Ante este escenario, el diputado provincial Carlos del Frade del Frente Amplio por la Soberanía (FAS) presentó un proyecto en la Legislatura para que el Poder Ejecutivo cumpla con la expropiación del edificio, cuya partida ya está en el Presupuesto 2024 y “debe ser realizada para darle tranquilidad a toda la comunidad educativa como también a los dueños del predio que insisten en generar acciones legales que terminarán perjudicando al propio gobierno de Santa Fe”, señaló Del Frade.
El reclamo surge luego que la comunidad educativa de la Escuela Guido y Spano, recibieron recientemente una carta de la familia propietaria del inmueble donde se sostiene que “debido a la inactividad e incumplimiento de la legalidad del gobierno provincial, saliente y entrante, en cuanto al procedimiento del pago de la expropiación del inmueble que según ley 14.091 fue aprobada en julio de 2022 por diputados y senadores provinciales, nos vemos obligados a tomar acciones en el corto y mediano plazo que van a afectar la continuidad del desarrollo normal de las actividades del establecimiento”, advirtió la misiva.
En tanto, la nota agregó que “durante el transcurso de dos años se ha intentado, con la mejor predisposición y voluntad, de llegar a un acuerdo con las autoridades de la provincia”.
“Lamentablemente . continuó el texto – el gobierno no dio respuesta por propósitos ignorados para concluir el comentado proceso a pesar que todo el arco político votó la ley de expropiación. Hasta el día de la fecha un colegio provincial está usurpando un edificio privado, sin contrato de alquiler vigente” y “esto implica privar a sus propietarios de su patrimonio como ser despojados de sus bienes con la mayor impunidad”, anexó la carta.
Y en esa línea prosiguió: “Esta institución está funcionando con la aprobación de todo el poder político pero sin la autorización de sus propietarios que se ven cautivos de una gran injusticia”.
Por último la misiva concluye diciendo que “debió a la situación aquí arriba mencionada nos vemos obligados a tomar todas las acciones legales necesarias para que restablezcan nuestros derechos. Estas acciones legales podrán, lastimosamente, tener un impacto en vuestra comunidad educativa”.
Tomando el guante, el diputado Del Frade exige a la provincia que cumpla con la expropiación del edificio: “Es hora de producir la expropiación. La partida de más de 2.300 millones de pesos ya está asignada en el presupuesto del año 2024”, planteó.