La Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras insiste con los beneficios que recibe el duelo de Tabacalera Sarandí
A partir de la reforma a la ley de impuesto interno operada en la época del macrismo, todas las pymes del sector tabacalero debieron acudir a la Justicia para poder funcionar ya que el esquema de impuesto mínimo establecido no podía ser soportado: las obligaba a salir al mercado al mismo precio que los monopolios.
No todas las fábricas locales pudieron funcionar. Gracias al accionar de la Justicia, la única pyme que quedó en pie fue Tabacalera Sarandí, propiedad de Pablo Otero, quien puede autorregularse el impuesto que paga gracias a una acción judicial. La reforma que proponía Javier Milei es aumentar este impuesto a un 73 por ciento para todas las tabacaleras y erradicar el impuesto mínimo que sistemáticamente –menos en Rosario– es declarado inconstitucional. Esto permitiría que todas funcionaran sin privilegios. Pero algún lobby en la legislatura determinó que esto se retirara. Y el correlato lo sufren los trabajadores en Rosario.
La tabacalera Bronway está parada, sus más de 200 empleados están suspendidos y otros mil puestos de trabajo indirectos están en juego. Es que en Rosario la Justicia no les dio la misma posibilidad de trabajar, como lo hicieron con la Tabacalera Sarandí. Y nada hace pensar que esta desigualdad se solucione.
Mientras la guerra por el tabaco desató la interna en La Libertad Avanza, en Rosario ni la Justicia ni la Afip permiten que Bronway funcione, destacan desde la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras (Canet).
Mientras tanto, la Tabacalera Sarandí, la “pyme” bonaerense del empresario argentino Pablo Otero, en los últimos ocho años logró pasar del 5% del mercado a más del 30%, ya que funciona gracias a los recursos judiciales que en Rosario son negados.
Con estos privilegios, la figura de ese empresario que no es mediático comenzó a develarse a partir de nuevas publicaciones. «Un millonario y excéntrico, que algunos definen como un “gentleman driver”, ya que es el único latinoamericano que corre en la categoría Porsche Mobil Supercup -y el más veterano-, pagando el mismo los grandes costos que tiene el automovilismo deportivo», dice el diario Clarín.
Además, este año ingresó como accionista en el canal Net TV, y con esa asociación al grupo Perfil.
De acuerdo con la publicación de Clarín, a principios de año Tabacalera Sarandí pagó impuestos, según detalló un especialista, “como si sus tres principales marcas de cigarrillos costaran sus paquetes en los kioscos entre $256 y $278, mientras sus productos se vendían en kioscos entre $600 y $800″. ¿Quién se quedó con esa diferencia? “Otero y una mafia de políticos, jueces, espías, periodistas, medios e inspectores de la AFIP”, aseguró un especialista de la industria al diario mencionado. Y agregó: “¿Cuántas notas viste publicadas sobre este tema, que generó una evasión de mil millones de dólares por año? ¿Nadie ve nada?”.
Para Canet, lo que hoy sale a la luz ratifica sus múltiples denuncias sobre el accionar dispar de la Justicia con las tabacaleras, que no permite que todas trabajen con medidas cautelares como lo hace Sarandí. En más de una oportunidad la cámara de pymes denunció a magistrados por esta causa, que llevaron al cierre a For Men, que es una empresa que estaba radicada en la ciudad de Santa Fe. Además, generan que la empresa rosarina que está parada desde el mes de octubre porque la Justicia no la deja funcionar y la Afip no la dejó inscribirse para obtener las correspondientes estampillas, Bronway, esté evaluando su cierre definitivo, dejando a miles de personas sin trabajo, destacan.
El gobierno de Milei planteó la necesidad de modificar los impuestos de los cigarrillos. En 10 artículos del proyecto de Ley Ómnibus se elevaban estos impuestos y se eliminaba el mínimo, lo que permitiría aumentar la recaudación. Pero su tratamiento se bloqueó en esa primera instancia parlamentaria, con fuertes discusiones en el capítulo tabacalero. Incluso el propio Milei fue tajante: “No vamos a ser cómplices de los negocios de algunos”, como “el Señor del Tabaco”, que “hacen lobby y «persuaden» políticos para defender sus intereses”, dijo al retirar el proyecto de Ley Ómnibus de la Cámara de Diputados, cuando acusó de ese traspié a “la casta”, que identificó con gobernadores, políticos de la oposición y un sector del empresariado, recordaron desde Canet.
“El Señor del Tabaco es Pablo Otero quien dijo en una nota a Clarín: «El hecho de que el Presidente se haya referido a un Señor del Tabaco puede estar relacionado con la persona que impulsa la Ley Massalin. Si se refirió a mí, es porque no me conoce y es parte de la cobarde demonización llevada a cabo por Massalin y sus periodistas ensobrados”, recordó la cámara pyme mencionada.
Otro dato sobre el empresario es que este año Net TV informó que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) aprobó el ingreso de Grupo Madero Sur en el canal de televisión, convirtiéndose la empresa dueña de Tabacalera Sarandí en su accionista minoritario, quedando el 70% para Editorial Perfil, 22,5% productora Kuarzo y 7,5% para la empresa de Otero, según publica Clarín.
El empresario dijo al respecto al medio mencionado: “No ingresamos en Net TV a través de Tabacalera Sarandí, sino mediante otra entidad societaria en la que tenemos intereses en el ámbito del entretenimiento y la cultura. La intención es potenciar nuestra presencia comercial a través de diversos medios de promoción. No tenemos ninguna vinculación con otros medios locales ni con la política”.
Sin embargo, fue en uno de los medios de Editorial Perfil donde habló Otero a principios de marzo, en una entrevista donde no se aclaró que el empresario es uno de los accionistas de una de las empresas de Perfil, recuerda Clarín. Allí Otero planteó que la empresa Tabacalera Sarandí fue creada en 1998 y tiene una “facturación anual” que “asciende a cerca de u$s 800 millones y contribuimos con más de u$s 500 millones en impuestos varios anualmente”.
En esa entrevista, Otero cuestionó duramente el proyecto de Ley Ómnibus, al que calificó de “Ley Massalin Temporada 3”. Y dijo que “representa una práctica común realizada por las multinacionales para monopolizar el mercado. Tanto BAT como Massalin han establecido sus propias reglas al menos desde la década de los 90, mediante Acuerdos de Recaudación con los diferentes gobiernos, que nunca se cumplieron”.
Impuestos
El proyecto de Ley Ómnibus elimina el componente fijo del impuesto a los cigarrillos, que está judicializado por Tabacalera Sarandí, elevando la alícuota del impuesto variable del 70 al 73%; incorpora precios de mercado referenciales, para utilizar cuando el precio de venta al consumidor informado resulte inferior al 20% como mínimo del relevado; e incorpora un cálculo de sanciones en base a los precios de mercado relevados, en caso de productos sin documentación o con irregularidades, describió Canet.
Según la cámara, esta medida permitiría trabajar a las pymes, ya que el impuesto sería sobre el precio de venta y no sobre el atado del cigarrillo más vendido. Además dejarían de apelar a la Justicia para poder funcionar.
Este incremento permitiría aumentar la recaudación en u$s 922 millones por año, un 24,6%, según la consultora Abeceb. También podría impactar en la recaudación si se autoriza la distribución de vapeadores y cigarrillos electrónicos, que en caso de ser autorizados pagarían un 20% de impuestos, según el proyecto oficial, un porcentaje muy bajo en relación con los impuestos que pagan los cigarrillos, describe Canet.
El cuestionamiento a elevar el impuesto a las tabacaleras no es patrimonio de algún opositor. El diputado libertario Carlos Zapata cuestionó la Ley Ómnibus porque crea “una Gestapo de los precios” contra algunas empresas que venden cigarrillos. “Nada más lejos del liberalismo que poner una Gestapo de precios para fiscalizar los precios a los que se debe tributar”, insistió el diputado de La Libertad Avanza (LLA), en declaraciones a Radio Rivadavia, en línea con lo que había planteado Otero, quien también habló usando la palabra de la “Gestapo”, recuerda Clarín.
Zapata es uno de los diputados que haría lobby por Otero, según afirma el periodista Carlos Pagni. Pero no el único. Según publicó Pagni, en el diario La Nación, “las multinacionales” tabacaleras también “identifican” detrás de gestiones en favor de Tabacalera Sarandí a Cristian Ritondo y Diego Santilli, del PRO, entre otros. Pagni contó que la discusión por el impuesto a las tabacaleras “amenaza con convertirse en un escándalo”. Y sumó otro dato inquietante: que la empresa de Otero “habría recurrido para esa disputa a grandes celebridades del submundo: desde Antonio Stiuso a Adrián Kochen”.