Al menos 29 personas fueron arrestadas este domingo en Managua, durante enfrentamientos entre la policía y grupos de manifestantes autoconvocados para una nueva protesta contra el presidente nicaragüense Daniel Ortega.
El enfrentamiento fue en la zona sureste de la capital, Managua, cuando agentes de la Policía nicaragüense lanzaron bombas de sonido contra un grupo de personas que aparentemente estaban a la espera de sumarse a la protesta, que finalmente no se realizó, informó EFE.
Al menos 29 personas fueron arrestadas, dijo a los periodistas Azahalea Solís, líder de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, que convocó el pasado miércoles la manifestación.
Según pudo captar la prensa, los agentes policiales arrastraron por el pavimento a jóvenes, adultos y ancianos para llevarlos hasta los coches de patrulla del cuerpo de seguridad.
Al grito de «protestar en un derecho, reprimir es un delito», los opositores se reunieron en un punto diferente al inicialmente fijado para arrancar la manifestación, cuyo lema era «Unidos por la libertad», pero el fuerte dispositivo policial impidió que los autoconvocados se movieran del lugar.
Horas después de los incidentes no estaba claro quiénes habían sido liberados, como fue el caso del periodista Uriel Velásquez del rotativo local El Nuevo Diario, detenido y puesto en libertad poco después.
En el lugar donde estaba previsto el comienzo de la marcha, también resultó lesionado Oswaldo Rivas, fotógrafo de la agencia internacional Reuters, tras ser arrollado por un paramilitar motorizado.
Los «blanquiazules» prometieron seguir adelante con las protestas, clamando por una «Nicaragua Libre», mientras la Policía reiteró en la víspera que no va a permitir «manifestaciones o movilizaciones en la vía pública que no cuenten con el debido permiso».
El cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, lamentó los choques entre la Policía y manifestantes e insistió en la necesidad de un diálogo para resolver la crisis que vive el país desde abril pasado. «Es una lástima que se tomen estas actitudes, porque esto no abona en nada a la paz», dijo Brenes a periodistas, agregó EFE.
En tanto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, le exigió hoy a Ortega que libere a los manifestantes detenidos, respete su derecho a la protesta pacífica y cese la «represión».
También, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão, lamentó los hechos y consideró «inaceptables» las «actitudes represivas y autoritarias».
La mesa de diálogo entre la Alianza Cívica, compuesta por sectores civiles, y el gobierno de Ortega, está suspendida desde julio, después de que grupos oficialistas agredieran a miembros del Episcopado que participan en calidad de mediadores.
Este nuevo episodio de violencia se registra en el marco de la crisis sociopolítica que comenzó en abril pasado y ha dejado, según organizaciones humanitarias locales e internacionales, entre 322 y 512 muertos, mientras que el Ejecutivo cifra los fallecidos en 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
Las protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril pasado, por unas reformas de seguridad social que fueron anuladas en un intento por contener la crisis, que se convirtió en la exigencia de su renuncia y la de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Ortega rechaza las denuncias de abusos locales e internacionales en contra de su Gobierno y asegura que la crisis impulsada por grupos golpistas y terroristas, concluyó EFE.