La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ofreció capacitar a la Guardia de Seguridad Institucional en el uso de este tipo de armamento
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ofreció capacitar a la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) de la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe en el manejo de pistolas taser, un tipo de arma que dispara dardos electrificados con el fin de incapacitar temporalmente a una persona.
Este ofrecimiento ha desencadenado un intenso debate en la capital provincial sobre el uso de este equipamiento. Mientras algunos defienden su implementación como una herramienta de control y defensa no letal, otros expresan preocupaciones sobre su posible abuso y utilización como instrumento de tortura.
El año pasado, se presentó un proyecto en el Concejo Municipal para discutir el uso de las pistolas taser, aunque no avanzó en comisión. Actualmente, la ordenanza municipal 12.542 regula el marco jurídico-funcional de la Guardia de Seguridad Institucional, por lo que cualquier modificación para incorporar el uso de estas armas requeriría revisar este marco legal.
La presidenta del Concejo, Adriana Molina, ha expresado que están abiertos al debate y a considerar todas las herramientas que puedan contribuir a la seguridad en la ciudad. Sin embargo, se necesitará un análisis exhaustivo desde el punto de vista legislativo antes de tomar una decisión.
Por otro lado, el concejal Jorge Fernández ha señalado que la Guardia de Seguridad Institucional no puede realizar tareas de policiamiento ni portar armas. Insiste en la importancia de definir el rol de la guardia urbana antes de discutir sobre el uso de pistolas taser.
Las pistolas taser han generado controversia en otros lugares donde se han utilizado, especialmente debido a informes que sugieren un riesgo de abuso y la posibilidad de causar daño grave, e incluso la muerte, si se utilizan de manera incorrecta.
El debate sobre el uso de las pistolas taser en Santa Fe refleja las complejidades y preocupaciones en torno a la seguridad pública y plantea importantes preguntas sobre el equilibrio entre la aplicación efectiva de la ley y el respeto a los derechos humanos.