Así lo afirmó a CLG Lucas Micheloud, miembro de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, quien convocó a la comunidad a sumarse a una iniciativa para frenar el impacto negativo de estas medidas
Por Sofía Dalonse – CLG
Las nuevas disposiciones propuestas por el gobierno de Javier Milei, como el DNU y la Ley Ómnibus, han sido cuestionadas por distintos sectores. Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas advierten sobre el peligro que pueden generar en este aspecto. Es por eso, que impulsan la iniciativa «Salvá las leyes ambientales» (salvalasleyesambientales.org), con el objetivo de juntar firmas para poner freno a la derogación de las mismas, ya que han sido creadas precisamente para proteger el medioambiente.
El abogado ambientalista Lucas Micheloud, integrante de la asociación, analizó la cuestión y explicó en detalles los motivos por los que estas políticas que impone el gobierno pueden ser perjudiciales para el ambiente: «Estamos en un momento de mucha complejidad en términos políticos, económicos, sociales y también ambientales, con dos leyes o un mega decreto; una mega ley, como es la ley Ómnibus, que tiene a todas las organizaciones socioambientales excesivamente preocupadas y en acción», expresó a CLG.
Y continuó: «Meses atrás estábamos discutiendo una ley de humedales y hoy estamos saliendo a defender las principales leyes ambientales de nuestro país. El plan motosierra de Milei y la casta, que viene señalando desde antes de ser presidente, no nos había advertido que incluía a la naturaleza y los bienes comunes como las cuencas, humedales, bosques nativos, la biodiversidad, la fauna...».
Según explicó, el DNU avanzó sobre la derogación de una ley que es muy importante como la ley de tierras. Mientras que la ley ómnibus sobre dos o tres leyes que conforman el corazón de la legislación ambiental, como la modificación de la ley de bosques, glaciares y la ley de quemas.
En este sentido, explicó: «En lo que refiere a lo parlamentario, modificar la ley de bosques como propone la ley ómnibus implica ir hacia una rezonificación, es decir modificar para que ciertas categorías (una y dos-amarillo y rojo) puedan ser deforestadas lo cual tiene un impacto socioambiental enorme en nuestro país. Otra cuestión, es habilitar en la zona de glaciares la actividad minera que hasta el momento estaba prohibida».
Y continuó: «Estos son requerimientos que venimos denunciando con mucha claridad que tienen claros intereses corporativos, es una reforma corporativa al servicio de grandes corporaciones extractivas de nuestro país, que en gran medida son grupos económicos concentrados como mineras trasnacionales, grandes terratenientes que están desarrollando proyectos forestales, de monocultivos transgénicos, etc».
Micheloud aseguró que esta reforma no tiene nada que ver con la inflación, el déficit fiscal y a pobreza estructural; sino que está siendo funcional a estos intereses: «Lo que no se está diciendo es que avanzar sobre los bosques nativos o glaciares, que son los enormes reservorios de agua dulce del mundo, es ir en contra de las generaciones presentes y futuras, intensificar la crisis climáticas, el calentamiento global, las inundaciones...», señaló.
Según indicó, es una regresión ambiental modificar la ley de bosques como está pretendiendo el gobierno, es liberalizar los desmontes en un 80% y el impacto es muy grande. En la misma línea, denunció: «Hay nombres y apellidos, empresas concretas que son las que están generando el lobby y las que han generando la letra fina; es retroceder siglos para atrás«.
Asimismo, comentó que están llevando a cabo distintas acciones. Sacaron dos documentos críticos contra el DNU 7023 y otro en rechazo de la ley ómnibus con un análisis completo que ha circulado en las organizaciones ambientales y lo han puesto a disposición de los distintos parlamentarios que tienen hoy representación en el Congreso nacional.
Además, impulsan la iniciativa «Salva las leyes ambientales.org»: «Lanzamos esta campaña que en pocos días alcanzó más de 50 mil firmas, estamos junto a otras organizaciones nacionales para defender esta causa. No se tratan de cuestiones técnicas, sino que tiene que ver con cuestiones políticas e intereses económicos concretos. Nuestra propuesta es defender las leyes ambientales y que no se toquen», cerró.