Diferentes entidades empresariales se reunieron en la Asociación de Transportes de Cargas de Rosario. Presentaron un pedido de anulación del impuesto al municipio. Aseguran que viola legislaciones y que la ciudad podría perder la coparticipación federal
Un grupo de entidades empresarias de la ciudad presentaron formalmente al Municipio un pedido de anulación de la tasa vial, como parte de un reclamo que, de no encontrar respuesta, prometen ir escalando hasta llegar a la Justicia, ya que aseguran es una imposición tributaria inconstitucional. En paralelo, le enviaron una carta al gobernador Maximiliano Pullaro expresando su rechazo
Las entidades que idearon la avanzada son la Asociación de Transporte de Cargas de Rosario (ATCR) , Sociedad Rural de Rosario (SRR), Movimiento Nacional Pyme (MONAPy), Fundación Apertura, Cámara Federal de Transporte Turístico, Conectando Empresas y la Asociación Empresaria de Funes.
«Es importante que el ejecutivo municipal reflexione sobre el impacto brutal en el bolsillo del ciudadano y lo que significa sumar un impuesto ilegal a los aumentos permanentes del combustible», manifestó Alfredo Guagliano, presidente de ATCR.
Este grupo tuvo semanas atrás un encuentro con autoridades municipales en la que plantaron su rechazo a la tasa vial. En ese sentido, en el Palacio de Los Leones minimizan la protesta porque, aseguran, no se prendieron las entidades más importantes como la Bolsa de Comercio, la Asociación Empresaria y la Federación Gremial del Comercio.
Luego de que el Concejo de Rosario apruebe el presupuesto municipal solicitado por el intendente Pablo Javkin y donde se incorpora, para el 2024, una tasa de 1.6% al litro de combustible que se cargue en las estaciones de servicio de la ciudad, distintos sectores se pusieron en alerta y pedirán la anulación de la medida. Funes siguió por ese camino semanas atrás y el pasado viernes se confirmó que también la aplicará Capitán Bermúdez. En este contexto no se descarta que otras localidades como Villa Gobernador Gálvez, General Lagos, Perez, Roldan y Granadero Baigorria copien la medida.
Según los asesores legales de las instituciones autoconvocadas, la tasa (1.6% del litro de combustible), aprobada por el Concejo, «carece de legalidad y está prohibida por leyes nacionales, provinciales y municipales».
En ese sentido, aseguran que «estaría violando la ley provincial de Santa Fe 10.197 la que en su artículo tercero expresa la prohibición de municipios y comunas a crear gravámenes locales en pugna con el régimen federal, en virtud de lo cual el municipio podría perder la coparticipación de los impuestos nacionales, tal como lo dispone dicha ley». Incluso, insisten con que “sobrepasa la legislación 505/58 –Estatuto Orgánico de Vialidad Nacional, cuyo art. 29, inc. c) prohíbe crear gravámenes locales sobre los combustibles líquidos”.
Los empresarios transportistas aseguran que «por supuesto los costos aumentarán y esto se verá reflejado en el producto final, impactando directamente en el consumidor». En tanto, desde las cámaras de estaciones de servicio manifiestan que el impuesto «incrementa el costo administrativo y financiero».