“La derogación de esta Ley atenta contra derechos fundamentales e implica un daño irreparable al pueblo argentino al liberar el mercado de tierras y habilitar la extranjerización de la tierra”, sostuvo el abogado del Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata
El Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) presentó este jueves en la justicia una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del decreto presidencial que deroga la llamada Ley de Tierras al advertir que habilita «la extranjerización de la tierra» y pone en crisis la «soberanía nacional» al punto que implicaría «poner un cartel de venta a nuestra Patagonia».
Así lo indicó este jueves el abogado patrocinante del CECIM, Jerónimo Guerrero Iraola, al explicar que en la presentación judicial pidió que se anule el artículo 154 del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 dictado por el presidente Javier Milei, que deroga la Ley 26.737, que establece el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
Los argumentos interpuestos por el CECIM refieren a que el DNU «violenta derechos y garantías constitucionales» al modificar una ley nacional de rango superior y «dejando prácticamente sin efecto lo dispuesto por la mencionada Ley de Tierras, que reviste carácter de orden público».
“La derogación de esta Ley atenta contra derechos fundamentales e implica un daño irreparable al pueblo argentino al liberar el mercado de tierras y habilitar la extranjerización de la tierra”, añadió el letrado.
Y, agregó “se trata de dinámicas latifundistas que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad y disposición del suelo argentino, sino también, los ojos y/o cursos de agua dulce”.
A partir del decreto, pasarían a estar disponibles para su venta los campos argentinos, cursos y ojos de agua poniendo en riesgo la soberanía nacional sobre sus recursos, sostuvo el CECIM platense.
“Estamos asistiendo a la vocación de permitir, mediante la supresión del ordenamiento jurídico de orden público vigente, la extranjerización de la tierra, el despojo soberano, ahora por mera voluntad unipersonal del Ejecutivo”, dijo el abogado.
Y concluyó: “Si la usurpación británica de 1833 nos genera indignación visceral, pensemos qué debe generarnos y cómo nos sentimos frente a este artículo 154 del Decreto 70/23 que, materialmente, implica poner un cartel de venta a nuestra Patagonia, a nuestros campos, a los cursos de agua, a los ojos de agua”.