Juan Grabois y Nacho Levy criticaron "la intimidación pública" de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y anunciaron la conformación de una comisión "veedora de los derechos humanos" para la marcha. Rodolfo Aguiar dijo que la medida anunciada "nos coloca a las puertas de una etapa no democrát
Dirigentes políticos y gremiales cuestionaron el «protocolo antipiquete» anunciado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
El dirigente social Juan Grabois anunció la conformación de una comisión que oficiará «como veedora de los derechos humanos» en la movilización convocada para este miércoles en rechazo «al ajuste» del gobierno de Javier Milei, en un texto escrito conjuntamente con Nacho Levy, referente del colectivo Garganta Poderosa.
«Decidimos conformar una comisión permanente que oficiará como veedora de los derechos humanos, en esta manifestación y en todas las otras convocadas frente al ajuste criminal, por cualquier organismo o cualquier organización social», informaron en el texto titulado «en el lugar de siempre» y publicado en la cuenta oficial de Grabois de la red social X, antes conocida como Twitter.
En el documento, Grabois dijo que aunque «ni el partido Patria Grande, ni La Poderosa, ni el Movimiento de Trabajadores Excluidos, ni la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)» convocan a la marcha, sino que allí van a estar como «personas comprometidas con el respeto irrestricto a los valores democráticos».
«Sosteniendo una guardia de derechos e información, con nuestros propios ojos, nuestros equipos de abogados y nuestros comunicadores desplegados por toda la ciudad, protegiendo la integridad de los manifestantes, salvaguardando sus derechos ciudadanos, registrando eventuales delitos de las Fuerzas y efectuando las denuncias correspondientes», aseguraron.
Además, recordaron que la primera vez que se manifestaron un 20 de diciembre eran «pibes defendiendo la vida en una Argentina que ya estaba partida, por aquellos que se suponían de salida» y que sin embargo «todavía tienen un cargo».
«No hacía falta llamar a movilizar, ni agitar con alma y vida, porque cuando la comida y el salario quedan a contramano, más temprano que tarde viene la ola, el piquete y la cacerola», sostuvieron.
En tanto, sostuvieron que «salvo lamentables excepciones, las movilizaciones se realizan en Argentina sin represión» como en «cualquier país libre y democrático».
«Quieren al piquete bien lejos de la cacerola, para que la lucha no sea una sola, pero ya nos aprendimos esta coartada. Y al final del túnel no hay nada, todo está oscuro del otro lado, ni dólar, ni futuro, ni asado», expresaron.
Asimismo, alertaron sobre «las medidas criminales anunciadas por (el ministro de Economía, Luis) Caputo» que son «barnizadas por la intimidación pública» de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien calificaron como «otrora piquetera, otrora tractorera, cuyas cacerías hemos denunciado de manera frontal y hemos padecido en forma personal».
«Saldrán a cazar `orcos`, malos, sucios y feos, mientras agonizan miles de empleos, como si todo este circo pudiera saldar la falta de pan. Buscan eso, ¡no lo encontrarán!», apuntaron en el texto.
Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, rechazó el protocolo de orden público por considerar que coloca al país «en las puertas de una etapa no democrática».
El dirigente se mostró sorprendido por el hecho de que no haya actuado «de oficio un fiscal o juez» contra ese protocolo de orden público y evaluó que desde el Gobierno «nos quieren sacar la huelga y la movilización para seguir explotándonos».
«El protocolo antipiquetes nos coloca a las puertas de una etapa no democrática de la Argentina. Pareciera que algunos sectores sociales pueden protestar y otros no. Garantizar la paz social es responsabilidad de los gobiernos», indicó.
En declaraciones formuladas a Radio Provincia, el dirigente gremial se refirió a la reunión que mantendrán los gobernadores este mediodía con el presidente Javier Mieli y analizó que los mandatarios provinciales «tienen la oportunidad de levantar la voz».
Luego, Aguiar ratificó que desde ATE se resolvió «una medida de fuerza nacional para el 22 de diciembre en rechazo al ajuste, que rápidamente se dispara a las provincias» y detalló que «cada jurisdicción resolverá su modalidad».
«Esto no da para más. Hay remarcación indiscriminada en todos los precios. Respetamos la voluntad popular, pero nos toca la responsabilidad de hablar de los problemas de los trabajadores», opinó Aguiar y expresó: «No aceptamos el protocolo antipiquete de (la ministra de Seguridad) Bullrich».