uentes oficiales dejaron trascender que el premier ordenó incorporar algunas modificaciones en busca del apoyo de los conservadores más duros, desoyendo su consejo de que era mejor retirar el proyecto y evitar una votación negativa
Fuentes oficiales dejaron trascender que el premier ordenó incorporar algunas modificaciones en busca del apoyo de los conservadores más duros, desoyendo su consejo de que era mejor retirar el proyecto y evitar una votación negativa.
Sunak sostuvo reuniones con 15 parlamentarios conservadores en Downing Street y planeaba más encuentros a lo largo del día para abordar la situación del nuevo proyecto de ley, según informó la BBC.
La iniciativa propone enviar a solicitantes de asilo que cruzan el Canal de la Mancha para llegar al Reino Unido en embarcaciones precarias a Ruanda, donde podrían solicitar asilo.
La propuesta generó divisiones dentro del Partido Conservador luego de que un importante grupo de parlamentarios de derecha expresaron preocupación de que el nuevo acuerdo con el Gobierno de Ruanda pueda ser bloqueado nuevamente por los tribunales.
Estas preocupaciones surgieron luego de que el tribunal superior del Reino Unido falló en contra de la versión anterior del plan en noviembre pasado, debido a la posibilidad de que los solicitantes de asilo fueran enviados a lugares donde podrían enfrentar daños, lo que llevó a la necesidad de revisar y modificar la legislación.
Otros miembros del partido argumentan que el plan no toma en cuenta el derecho internacional.
El Gobierno enfrentó una crisis cuando el ministro de Inmigración, Robert Jenrick, renunció poco después de que Sunak presentara un nuevo proyecto de ley sobre el tema inmigración.
Jenrick criticó la legislación por no permitir al Gobierno anular las leyes internacionales, un aspecto crucial que había impedido enviar solicitantes de asilo a África Central.
Según la prensa británica, la salida de Jenrick se ve como parte de un movimiento más amplio dentro del partido, que busca asegurar que el Reino Unido tenga la capacidad de actuar unilateralmente en sus políticas de deportación a Kigali.
El líder laborista, Keir Starmer, también criticó la política y le dijo a la BBC, que es mejor invertir en terminar con «las bandas criminales» que llevan a la gente a través del Canal de la Mancha.
El nuevo ministro de inmigración, Michael Tomlinson, confirmó en el desayuno de la BBC que él y Sunak trabajarán durante toda la jornada para persuadir a sus colegas parlamentarios conservadores.
A su vez, el comité conjunto del Parlamento sobre derechos humanos, liderado por la laborista Harriet Harman, publicó un informe expresando serias preocupaciones en cuanto a derechos humanos.
El informe concluye que el proyecto de ley es «inconsistente» con la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH).
«El proyecto de ley exigiría que todos los tribunales nacionales acepten que Ruanda es un país seguro y no consideren ninguna revisión o apelación interpuesta por considerar que no lo es, incluso si hay pruebas convincentes que lo respalden», dice.
«Esto plantea difíciles cuestiones constitucionales sobre la separación de poderes y el Estado de derecho. Impediría que los tribunales consideren alegaciones discutibles de que la expulsión a Ruanda no es segura, lo que expondría a las personas al riesgo de que se violen sus derechos fundamentales a no ser sometidos a tratos inhumanos y degradantes, y es incompatible con el derecho a un recurso efectivo garantizado por artículo 13 de la CEDH», subraya.
También el Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS), representante de los guardias de la Fuerza Fronteriza y otros funcionarios públicos, anunció hoy su intención de impugnar el proyecto si se convierte en ley.
El sindicato argumentó que la legislación es inconstitucional y junto a otras organizaciones lanzaron la campaña «Together with Refugees», una coalición que aboga por un trato más justo y compasivo hacia los refugiados.
Según cifras oficiales, casi 30.000 personas están en espera de ser potencialmente enviadas al país africano.
El Gobierno británico intenta disminuir también la inmigración legal hacia el país, que según las últimas estadísticas alcanzó una cifra récord de 745.000 en 2022.
Hasta el 13 de noviembre de este año, 27.284 personas habían cruzado el Canal de la Mancha.
En 2022, 45.755 migrantes realizaron la travesía, la cifra más alta desde que se comenzaron a recopilar datos en 2018.