La jueza electoral María Servini respondió un pedido hecho por Karina Milei y Santiago Viola, los apoderados de LLA, quienes argumentaron que en las elecciones nacionales un grupo de "personas en redes sociales" había reportado "irregularidades"
La Justicia electoral, el Gobierno nacional y distintos especialistas coincidieron en destacar este jueves la transparencia y la solidez del sistema de votación después de que los apoderados de La Libertad Avanza (LLA) solicitaran por vía judicial permiso para vigilar y custodiar las urnas una vez finalizado el domingo el balotaje presidencial, algo que ya está previsto por la legislación, e insistieran en las sospechas de una presunta maniobra de fraude en contra de su candidato, Javier Milei.
La jueza electoral María Servini respondió en las últimas horas un pedido hecho el miércoles por Karina Milei y Santiago Viola, los apoderados de LLA, quienes argumentaron que en las elecciones nacionales del pasado 22 de octubre un grupo de «personas en redes sociales» había reportado «irregularidades», que podrían ser calificadas como fraudulentas, en los comicios en los que triunfó el candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.
Ante esa sospecha, en principio fundada en versiones, Milei y Viola solicitaron a la Justicia que se le permitiera a sus fiscales vigilar y custodiar las urnas con los votos emitidos tras el balotaje.
Servini respondió que eso está permitido por la legislación vigente desde que termina la jornada de votación hasta la recepción de las urnas por parte de la Junta Electoral.
Además de «participar en todo el trámite, ejercer el control y la custodia de las urnas y documentación» del proceso electoral del balotaje, LLA cuestionó el accionar de la Gendarmería en la vigilancia de los votos y pidió que el trabajo que realiza habitualmente esa fuerza en los comicios sea tomado por la Fuerza Aérea y la Armada.
La respuesta judicial indicó que los hechos informados, por no tratarse de una denuncia formal, fueron «puestos en conocimiento de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y de los distritos electorales», y destacó que «las tareas de coordinación y ejecución referentes a las medidas de seguridad se encuentran a cargo del Comando General Electoral en cabeza del Ejército Argentino».
La presentación de LLA pidió a la Justicia que se preste atención «en determinados momentos» del proceso de votación «en los que podría configurarse fraude», entre ellos en la mesa electoral, porque «en ciertos casos faltan fiscales controladores y el aparato oficial coloca algunas boletas de más de su partido o suprime la de sus rivales».
Los apoderados del partido que lleva a Javier Milei como candidato presidencial planteó sus dudas acerca del rol de la Gendarmería una vez finalizado el escrutinio provisorio porque, a su criterio, pueden cambiar «el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican en favor del partido gobernante, y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral», agregó.
Por ese motivo, LLA requirió que la Gendarmería sea reemplazada por la Fuerza Aérea y la Marina, a las que sí consideraron «fuerzas honorables».
«La Gendarmería no hace esa mugre ni juega con la democracia de los argentinos», respondió el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, que tiene bajo su cargo el desempeño de la fuerza integrada por 37.468 efectivos, detalló.
El funcionario dijo -en declaraciones al canal C5N- que denunciará judicialmente a los apoderados de LLA por instalar la sospecha de que los efectivos de esa fuerza podrían llevar a cabo una maniobra de fraude.
Para Fernández, el planteo de LLA es «burdo y deleznable, como todo lo que quieren hacer estos tipos que no tienen formación política y hacen daño con su lengua», sostuvo, y agregó que el sistema de votación argentino «debe ser el más sanito a nivel mundial».
En ese sentido, distintas organizaciones de la sociedad civil también rechazaron las sospechas de fraude instaladas por la LLA, al tiempo que destacaron la transparencia y seguridad del sistema de votación desde la recuperación democrática en 1983.
«Nuestro sistema electoral funciona muy bien. En ningún momento de todos estos 40 años de democracia, en diez elecciones presidenciales, se verificó fraude», afirmó la directora ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Gala García Langou, en declaraciones a Radio Mitre.
La especialista mencionó que «la mayoría» de las denuncias como las planteadas por LLA están referidas «a la disponibilidad de boletas» el día de la votación y no vinculadas a las dos instancias de escrutinio: el provisorio -que realiza la misma noche de la elección el Poder Ejecutivo- y el definitivo que hace la Justicia electoral y es el único con validez legal.
«Nuestras elecciones funcionan, son transparentes y justas. No es que no haya irregularidades, sino que tenemos los mecanismos para detectarlas y hacer algo al respecto», comentó.
También la fundación Poder Ciudadano resaltó «la seguridad del sistema de control cruzado» en el escrutinio de las elecciones que se realizan en el país y remarcó que «hay muchos ojos» sobre el procedimiento, lo que garantiza «la transparencia» del proceso.
«Por eso se llama democracia», destacó la ONG en un hilo en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter).
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por su parte, consideró «preocupante» que LLA ponga «bajo sospecha» al sistema electoral sin presentar evidencias concretas de irregularidades.
«Nuestro sistema electoral es sólido y lo ha sido en todas las elecciones, desde que (los argentinos) recuperamos la democracia. Estas maniobras son antidemocráticas», apuntó el CELS en su cuenta oficial de X.
Ante la afirmación hecha por LLA, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat presentó este jueves un recurso de «amparo preventivo» ante la Justicia Electoral para que emplace al partido de Milei a que provea la cantidad de boletas necesarias en el balotaje con el objetivo de «impedir impugnaciones al acto comicial».
La Justicia advirtió esta semana que LLA había enviado pocas boletas para las elecciones del domingo, algo que reconoció el propio Milei al justificar que lo hacía porque, supuestamente, iban a ser destruidas.
«Se destruyeron boletas en el cuarto oscuro» durante las elecciones del 22 de octubre, respondió en una entrevista radial, en la que volvió a sugerir la posibilidad de que este domingo se cometan «irregularidades» en el proceso electoral.
Pese a la advertencia hecha por la Justicia, la presentación de una menor cantidad de boletas no fue subsanada, al menos, en la ciudad de Buenos Aires, donde la Junta Nacional Electoral advirtió este jueves a LLA que será de su «exclusiva responsabilidad» un eventual faltante en el balotaje presidencial del domingo.
Los jueces Jorge Morán, Sebastián Picasso y Servini recordaron que LLA entregó el 9 de noviembre pasado diez mil paquetes con «entre cien (100) y ciento cincuenta (150) boletas cada uno, y que a su vez hizo entrega de mil (1000) paquetes conteniendo una cantidad inferior a cien boletas cada uno»
Unión por la Patria, por su parte, entregó ese mismo día diez mil paquetes con 350 boletas cada uno, la cantidad que se requiere para cada mesa electoral en el distrito
Para Barcesat, la entrega de una menor cantidad de boletas ocurre en un contexto en el cual «los propios personeros de LLA» están «alentando posibles impugnaciones de ‘fraude’ que, en definitiva, lo estarían propiciando con su obrar doloso y antijurídico».
«No dejemos que se enturbie el acto electoral. El Estado de Derecho no es materia negociable o disponible para facción política alguna», destacó en su presentación legal.