La oposición en la Cámara de Diputados presentó este martes un pedido de sesión especial para el jueves 18 de octubre a fin de frenar la resolución de la Secretaría de Energía que «compensa» a las empresas prestadoras de gas por la devaluación a través del cargo de un adicional en las facturas que pagan los usuarios.
El temario de la sesión, convocada para las 11.30, también incluye pedidos de interpelación del secretario de Energía, Javier Iguacel; del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y del titular de Enargas, Mauricio Roitman, para que brinden explicaciones.
El massismo incorporó a su vez un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo que «deje sin efecto o suspendida» la medida.
La versión de una ofensiva opositora contra la resolución 20/2018 tomó fuerza el lunes cuando se tejieron los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, y terminó de cobrar forma este martes: la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, tomó la delantera y comenzó a girar el proyecto a las otras bancadas opositoras.
Así, tras la rúbrica de Diego Bossio (Justicialista), fueron llegando las firmas de Agustín Rossi (FpV), Leonardo Grosso (Movimiento Evita), Nicolás del Caño (PTS-FIT), y varias otras, para llegar a un total de 19 firmas.
Todas estas bancadas ingresaron el lunes proyectos de derogación de la resolución, que fueron incluidas en el temario de la sesión especial.
De este modo, la oposición pretende asestarle al oficialismo un revés parlamentario, para que pague el costo político de una medida que considera «inconstitucional» por el carácter retroactivo del adicional, que se repartiría en 24 cuotas de 100 pesos mensuales.
Sin embargo, lo apretado de los tiempos impediría que la oposición llegue al recinto con dictamen favorable, por lo que de lograr quórum para habilitar la sesión precisaría una mayoría calificada de dos tercios de los votos, una cantidad que no está en condiciones de garantizar por sí misma.
El oficialismo descansa sobre la certeza de que finalmente la sangre no llegará al río, pero la perspectiva de que la controversia del «tarifazo» del gas, en la que el Gobierno aparece solidario con las compañías prestatarias en detrimento de los usuarios, amplifique su eco en el Congreso de la mano de la oposición, lo pone en una posición incómoda y a la defensiva.
Desde el gobierno, Iguacel justificó el ajuste y dijo que está a disposición de la Justicia para rendir cuentas sobre la medida, luego de que el fiscal Guillermo Marijuán lo denunciara por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
El lunes, el diputado José Luis Ramón presentó en Mendoza la primera demanda colectiva contra la resolución, resaltando su carácter «inconstitucional», para que la Justicia deje sin efecto el traslado del costo de la devaluación a los usuarios.
En paralelo, este martes Camaño junto a sus pares del Frente Renovador Carla Pitiot y Marcela Passo presentaron un recurso de am paro contra la medida, y lo mismo hizo la diputada de centroizquierda Victoria Donda junto al referente de Barrios de Pie Daniel Menéndez.