Los integrantes del cuerpo legislativo deberán votar a favor o en contra del avocamiento al caso
En una reunión crucial programada para este miércoles a las 10, la Comisión de Acuerdos se enfrenta a la decisión de si toma a su cargo el legado disciplinario contra el fiscal de la ciudad de Rosario Matías Edery. El legajo fue elevado a la Legislatura por el auditor general del Ministerio Público de la Acusación, Leandro Mai, y su revisión implica votar a favor o en contra del avocamiento al caso. En términos prácticos, esto determinaría si se abre un expediente oficial y quién sería el legislador responsable de acusar a Edery. A horas del encuentro, la incertidumbre reina sobre si se procederá con la acusación y quién sería el encargado de llevarla a cabo, dado que el legislador designado puede tomarse un tiempo para decidir aceptar o rechazar la responsabilidad.
Este caso implica un giro inusual en la Comisión, ya que implica un alto nivel de escrutinio público y presión sobre sus miembros para tomar decisiones fundamentales. En juego está la relación de Edery con Mariana Ortigala, una testigo protegida que fue fundamental para perseguir a la banda de los Alvarado, pero que actualmente está detenida por pertenecer a Los Monos y estar involucrada en un esquema de extorsiones. Las pruebas señalan que Edery tenía intercambios de información con Ortigala desde al menos 2020, lo que ha llevado a este momento crítico.
Durante la semana pasada, la Comisión de Acuerdos se sumergió en una serie de reuniones intensivas, incluyendo encuentros con el auditor Mai, la fiscal regional María Eugenia Iribarren y la fiscal general María Cecilia Vranicich. Mai explicó los extremos de la acusación contra Edery, señalando que si se prueban las acusaciones, la Auditoría no puede avanzar, ya que se tratarían de presuntas faltas graves. La fiscal Iribarren defendió la integridad de su fiscalía regional y sugirió tensiones internas como causa de los problemas. En última instancia, la fiscal general Vranicich calificó la situación como de «gravedad institucional», pero también como una oportunidad para mejorar el trabajo del servicio de justicia.
La decisión de la Comisión de Acuerdos no solo determinará el destino de Edery, sino que también tendrá implicancias significativas en la credibilidad del sistema de justicia y la política de recursos humanos dentro del Ministerio Público de la Acusación. La sociedad y los actores políticos están atentos a este veredicto crucial.