El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió este lunes la suspensión de la medida que compensa a las empresas distribuidoras de gas y denunció al secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel.
En diálogo con radio La Red, Marijuan reveló que decidió «hacer una denuncia por la resolución que establece un aumento en la tarifa de gas retroactiva, que compensa a las empresas distribuidoras de abril a septiembre, por el aumento del dólar, y las diferencias que generaron».
«Son los problemas que tienen las empresas, los usuarios hicieron el pago como corresponde», indicó el fiscal, quien también presentó una denuncia contra Iguacel.
«Los contribuyentes han hecho pagos y uno de los efectos del pago es la cancelación total, con lo cual no se puede en modo alguno quitarles la entidad jurídica que tienen justamente el acto del pago», aclaró Marijuan.
Con relación a la demanda por «abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público», dijo que «será materia de discusión si esa es la calificación que corresponda, pero el código penal lo prevé para aquellos que dicten resoluciones contrarias a la ley y el efecto jurídico del pago es ley».
Asimismo, reveló que en el sorteo entre los jueces federales de turno, la causa recayó en la jueza María Servini de Cubría, quien deberá «analizar el tema, como la medida cautelar que suspenda la resolución».
“Teniendo en cuenta los hechos que aquí se denuncian, resulta necesario adoptar de manera urgente medida cautelar suficiente mediante la cual se suspenda la aplicación del artículo 1 de la resolución 20/2018 de la Secretaría de Gobierno de Energía», indica la denuncia a la que tuvo acceso Télam.
La cautelar remarca que «la norma contraria a la ley estaría provocando un perjuicio económico a los usuarios, con el objeto de “compensar” a las empresas prestatarias. De esta manera, es necesario que de forma inmediata se suspenda la aplicación y efectos de la resolución citada”.
En sus fundamentos, señala que “la resolución contempla un mecanismo de recupero de las diferencias diarias acumuladas correspondientes al período 01/04 al 30/09 del corriente, autorizando a las empresas distribuidoras del servicio de gas al cobro de cuotas durante el lapso de dos años, a partir del 1 de enero del año 2019”.
“Si bien se justifica la aplicación de la medida con el fin de componer a las prestadoras del servicio de distribución, como consecuencia de la variación del tipo de cambio acontecido durante el período anteriormente citado, la resolución cuestionada provoca un perjuicio al patrimonio de los consumidores”, asegura.
Y concluye: “mediante el dictado de la resolución se genera una compensación a favor de las empresas contratistas y distribuidoras del servicio de gas, incrementando el costo mensual del servicio a sus usuarios y/o consumidores”.