Por Diego Añaños - CLG
Por Diego Añaños – CLG
Hace unos días, Sergio Massa sostuvo que agosto pasado fue el peor mes de los últimos 25 años de la economía argentina. Parece que se quedó corto. El 12,4 que marcó la inflación en el octavo mes del 2023 es el registro más alto de los últimos 32 años. El último mes con dos dígitos de inflación fue abril de 2002, con un 10,4%, pero ningún mes mostró un guarismo más alto desde febrero de 1991, con un impresionante 27%. En aquella conferencia de prensa que citábamos antes el ministro intentó una autocrítica y sostuvo que el gobierno debía pedir perdón, pero cargó las tintas sobre los funcionarios que tuvieron la oportunidad y no estuvieron a la altura (en un tiro por elevación para Martín Guzmán). Y dijo algo muy cierto: ya no importa el número que publique el INDEC, la gente ya lo está sufriendo en el bolsillo. Fue en aquel momento cuando se comprometió a implementar un paquete de medidas para tratar de morigerar el impacto que invariablemente ya se hacía sentir sobre los bolsillos de los argentinos.
Efectivamente, el impacto de la devaluación post electoral y la trepada del dólar blue fueron un disparo a la línea de flotación de una economía que ya venía navegando a un ritmo inflacionario preocupante. Recordemos que desde comienzos de año que la inflación se viene ubicando por encima del 6%, con un pico de 8,4% en abril, pero sin dar la menor señal de querer estabilizarse. Recordemos, también, que la expectativa del equipo económico estaba cifrada en que fuera precisamente abril el mes que marcara el quiebre, y el registro inflacionario se ubicara por debajo del 4%. Sin embargo, fueron las turbulencias que sucedieron a las PASO lo que obligó al gobierno a acelerar las decisiones políticas tendientes a amortiguar el golpe. Un bono para los trabajadores registrados del sector público y el sector privado, un bono para jubilados, refuerzos a la tarjeta Alimentar y en el Programa Potenciar Trabajo, medidas monotributistas, trabajadores que no pagan ganancias, y más recientemente la eliminación del IVA para la compra de alimentos y algunos elementos de higiene.
Allá por octubre del año pasado, Sergio Massa había anunciado la puesta en marcha de una suerte de programa de estabilización que se extendería entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Fue así que se puso en marcha la primera edición del programa de Precios Justos, que suponía el congelamiento de los precios de 1.700 productos por 120 días, a la vez que las empresas que ingresaban al programa no podían aumentar el resto de sus precios por encima del 4% mensual. Participaron del mismo un grupo de 100 empresas (entre las que se contaban Molinos, Coca Cola, Unilever, Quilmes, Mastellone, AGD, Ledesma y Las Marías) que representan el 86% de las ventas de productos masivos. A comienzos de febrero se lanzó la segunda etapa del programa, que suponía una pauta de incremento de precios del 3,2% del 1° de enero al 30 de junio, y que incluía casi 50.000 productos, más 2.000 productos más con precios congelados. Luego, y a comienzos de mayo se renovó el programa y se autorizaron aumentos de hasta el 3,8% hasta el 31 de julio. Finalmente, y a mediados de agosto, luego de las elecciones, se volvió a renovar el programa.
Desde el inicio, y operando en paralelo con el Precios Justos, el gobierno anunció la puesta en funcionamiento de un plan de control y seguimiento de los acuerdos de precios, que incluía sanciones millonarias para aquellas empresas que no cumplieran con los compromisos asumidos. Ya desde marzo de 2022 el presidente Alberto Fernández venía hablando de los diablos que aumentaban los precios y que había que hacer entrar en razón. En la práctica, el mecanismo de sanción era un engorro. Había una denuncia, se le comunicaba a la empresa, la empresa tenía un período de tiempo para hacer su descargo, luego el descargo era analizado por las autoridades y finalmente se tomaba una decisión (que podía ser una sanción o no). La realidad demostró que, ni los acuerdos, ni las sanciones, ni las demonizaciones públicas consiguieron frenar la escapada de los precios. El tema es que este gobierno tiene el diagnóstico apropiado: si bien la inflación es un fenómeno multicausal, el peso relativo que tienen los grandes formadores de precios es inmenso. Y en mercados oligopolizados (es decir, en estructuras controlados por pocas y grandes empresas) la colusión (es decir, los acuerdos entre esas empresas) está a la orden del día. Sin embargo el gobierno se quedó sin capital político para dar la batalla real con los poderes fácticos. Una vez más, como tantas otras veces ocurrió en otros momentos, con otros gobiernos de la historia. Finalmente, y para ir cerrando, tenemos que decir que es poco probable que las cosas mejoren en septiembre, por lo que el último número antes de las generales no será auspicioso. Es por eso que en tiempos aciagos, recomiendo aferrarse a las palabras de Benedetti: “el futuro no será una fiesta, no amilanarse todavía”.