Lo dictaminado por la Justicia local enjuició a Carlos García, el gasista que manipuló la caldera el día de la explosión y absolvió a otras 10 personas
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha rechazado la apelación presentada por la querella a cargo de la familia de Débora Gianángelo, una de las 22 víctimas mortales de la explosión en el edificio de calle Salta 2141, ocurrida el 6 de agosto de 2013. Esto implica que la sentencia que condenó a cuatro años de prisión al gasista Carlos García y absolvió a las otras diez personas llevadas a juicio en la Justicia santafesina por esta tragedia en Rosario se mantiene firme.
El recurso ante la Corte nacional se presentó en agosto de 2022, y recién en julio de este año se comenzó a tramitar internamente. A pesar de que la querella aún no ha sido notificada formalmente sobre la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la familia planea llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La familia Gianángelo es la única de las familias de las 22 víctimas mortales de la explosión que se constituyó como querellante en el caso. «Estamos muy solos, ni el Estado te apoya. Ninguna familia nos acompañó a querellar, fuimos en soledad. Ni siquiera el Ministerio Público de la Acusación nos acompañó, nos abandonó a mitad de camino. El desamparo es total», lamentó Adrián Gianángelo, hermano de Débora.
En el juicio provincial, diez de las once personas llevadas a juicio fueron absueltas por «insuficiencia probatoria». Solo el gasista Carlos Osvaldo García, quien manipuló el gabinete de gas el día de la explosión, recibió una condena de cuatro años de prisión, actualmente cumplida en prisión domiciliaria debido a su edad.
La tragedia en el edificio de Salta 2141 en Rosario se cobró la vida de 22 personas y dejó a otras 62 heridas.
La presentación, impulsada únicamente por la querella, fue la consecuencia de la sentencia de primera instancia en julio de 2019 dictada por los jueces Marcela Canavesio, Rodolfo Zavala y Carlos Leiva, y de la confirmación de la resolución en marzo de 2020 de los camaristas José Luis Mascali, Carina Lurati y Carlos Carbone, donde se responsabilizó solo a García por la tragedia. A eso se le agrega que la Corte de Justicia de Santa Fe rechazó el recurso de queja de la querella.
En las dos sentencias fueron absueltos por “insuficiencia probatoria” José Luis Allala (gasista que hizo un trabajo previo en la torre); Norma Bauer, Mariela Calvillo y Carlos Repupilli (responsables de la administración del edificio); Guillermo Oller, Luis Curaba y Gerardo Bolaño (reclamistas de Litoral Gas); Claudio Tonucci (jefe de mantenimiento de redes de Litoral Gas); Viviana Leegstra (gerenta técnica de Litoral Gas); y Pablo Miño (ayudante de García).
Las dos resoluciones estuvieron lejos de las pretensiones de la querella y la fiscal Graciela Argüelles –que llevó a cabo la investigación–, quienes habían solicitado una pena de cinco años de prisión efectiva para todos por la calificación legal de estrago culposo agravado. Cabe destacar que durante los alegatos de clausura del juicio de primera instancia, la fiscal luego pidió el sobreseimiento de Allala y Bolaño, gasista y reclamista de Litoral Gas, respectivamente.