El 77% de las personas que alquilan establecen porcentajes de aumentos de "antemano", es decir, por afuera de la ley de alquileres, lo que demuestra un bajo porcentaje del cumplimiento de esta normativa
Organizaciones y entidades dedicadas a la problemática habitacional aseguraron que el porcentaje de hogares alquilados en la Argentina es del 20 por ciento, según el último censo de 2022, un 4 por ciento más que en el anterior relevamiento nacional del 2010, es decir que, en la actualidad, son más de 2 millones de viviendas y alrededor de 8 millones de personas.
Así lo señaló Fernando Bercovich, sociólogo del programa Derecho a la Ciudad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), quien aseguró que la problemática involucra «a un montón de gente como para no tener en cuenta en una política habitacional».
Bercovich también compartió un trabajo realizado en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) junto al CELS y la Unsam (Universidad Nacional de San Martín) en el que se destacó que el 32% de los inquilinos encuestados destina «más de la mitad de su salario para pagar el alquiler» y que «el 63% de las personas que alquilan están endeudadas, ya sea con familiares, con amigos o con entidades financieras».
El 77% de las personas que alquilan establecen porcentajes de aumentos de «antemano», es decir, por afuera de la ley de alquileres, lo que demuestra un bajo porcentaje del cumplimiento de esta normativa.
Un dato que se mostró como preocupante es el crecimiento de la vivienda ociosa y de alquileres turísticos: entre 2018 y 2023 aumentaron en un 45% y pasaron de 118 mil a casi 200 mil, mientras que hay muchas viviendas destinadas a alquileres temporarios.
Ante esta situación, las organizaciones proponen llevar a cabo un programa que aplique el artículo 17 de la Ley Nacional de Alquileres y que el mismo sea «sustentable en términos financieros y contar con mecanismos de financiamiento que garanticen su sustentabilidad y, al mismo tiempo, guíen la inversión privada en vivienda en alquiler».
La propuesta contempla «restricciones tributarias al suelo urbano ocioso (vivienda vacías y baldíos); regulaciones a nivel provincial y local del alquiler temporario (cobro de tasas y límites por zona); aplicación de los instrumentos de captación de plusvalías urbanas (propiciar el cobro en metros cuadrados)», entre otras.
Estos datos se desprenden de estimaciones del Observatorio Federal Urbano, basadas en datos del Censo Nacional realizado en 2010, material con el que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y la organización Techo realizaron un diagnóstico de situación sobre el acceso al hábitat y la vivienda.
Durante la presentación del trabajo en conjunto, María Victoria Boix, directora del programa Ciudades de Cippec, aseguró: «Estamos a 40 años del inicio de la democracia, tenemos esta deuda pendiente, que es muy fuerte, muy acuciante y nos afecta la calidad de vida a todos y todas».
Por otra parte, Boix remarcó que «uno de cada tres hogares en Argentina no cuenta con una vivienda adecuada» e hizo hincapié en que la definición «de vivienda no es solo la de la RAE» (Real Academia Española), sino que «una vivienda adecuada tiene también acceso a servicios, hay infraestructuras, instalaciones, material de calidad, pisos, techos, paredes, seguridad de la tenencia, o sea, que no te van a venir a desalojar o que no vas a tener un problema con un familiar el día de mañana».
El diagnóstico de situación realizado por las organizaciones afirma que son 4 millones de familias las que no cuentan con una vivienda adecuada y que 1.300.000 necesitan directamente una nueva, sea porque es compartida o porque la situación estructural en la que se encuentra es muy vulnerable.
En tanto, los 2.700.000 restantes necesitan «ampliaciones y/o mejoras críticas», como techos, paredes o el acceso a algún derecho básico.