Cocineras y cocineros de todo el país se reunieron para pensar un proyecto de ley que reconozca la "labor esencial" que realizan en sus barrios
Levantarse temprano, poner al fuego ollas gigantes para dar alimento al barrio, cortar la carne, picar la verdura y colocar el menú en viandas es una rutina casi diaria que llevan adelante más de 134 mil personas para alrededor de otras 10 millones en la Argentina, por la «gran necesidad que existe» y pese a que hasta el momento esta labor no tiene reconocimiento salarial.
Ante esta situación, cocineras y cocineros de todo el país se reunieron para pensar un proyecto de ley que reconozca la «labor esencial» que realizan estas personas para sostener sus barrios, que fue presentado en la Cámara de Diputados el lunes último, junto a organizaciones que armaron ollas con guisos y repartían porciones frente al Congreso de la Nación.
Una de ellas es Alejandra Ramos, que vive en el barrio 9 de julio de Villa Caraza, en el partido bonaerense de Lanús, quien recuerda la fecha en la que impulsaron, junto a vecinas, el espacio comunitario Color Esperanza del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el 3 de abril de 2017.
«Comenzamos los días sábados como espacio de contención para los niños y jóvenes porque no había ni hay espacios de libre acceso para que puedan les pibes realizar actividades ni deportes», contó Alejandra a Télam, quien también es referente de la rama sociocomunitaria del Movimiento y coordina el equipo de género y diversidad de Lanús dentro del MTE.
La situación económica llevó a tener que cubrir más raciones de comida y el espacio comenzó a funcionar con almuerzos de martes a sábados y con meriendas de lunes a sábados, lo que generó que en la actualidad acudan al comedor unas 150 familias para recibir una porción de alimento.
Entre quienes se acercan al comedor hay «mucha gente adulta, abuelos, abuelas», «familias con niñes de 1 a 12 añitos que retiran el tupper y participan los días sábados de actividades», «papás de entre 25 y 35 años que están sin trabajo que hoy salen con un carro para poder hacer el mango del día a día», entre otras situaciones que se ven a diario, contó Alejandra.
«Hoy es tremenda la necesidad que se presenta en todos los espacios para poder cubrir las ollas y las meriendas. Creíamos que el pico máximo iba a ser en pandemia, pero hoy la situación económica de las familias es terrible. Entonces nos vemos con mayor compromiso para tratar de sostener el plato de comida de las familias y de los hijos», graficó, sobre el contexto actual.
En el barrio 11 de enero de San Miguel de Tucumán comenzó hace ocho años a funcionar un comedor con seis personas a cargo de la cocina, número que al día de hoy se extendió a alrededor de 30, entre quienes preparan la comida para el almuerzo y aquellas que elaboran el pan para las meriendas.
«Tenemos que estar pensando cómo hacemos para sostener esas ollas», contó a esta agencia Elizabeth González (34), una de las cocineras que trabajan en el espacio, y agregó que si bien el comedor recibe 300 módulos de comida de parte de la provincia de Buenos Aires, eso «no llega a cubrir la demanda» ya que se entregan unas 584 raciones.
Además de dar comida en el barrio, quienes llevan adelante comedores comunitarios realizan tareas variadas.
«Buscamos ayudar a los vecinos a que les llegue un plato de comida a sus hogares, que por lo menos eso tengan, además de gestionar, pedir donaciones como abrigos en época de frío, asistir en la pandemia, paliar un poco las necesidades que van surgiendo», dijo Elizabeth.
La alimentación «es esencial» para todas las personas, afirmó la cocinera, pero especialmente para «los niños» que la necesitan para poder cumplir con el proceso de «educación» y cuidar la «salud», porque si ellos no se alimentan, ¿cómo pueden vivir, no?», se preguntó.
Para Alejandra, la labor que hace junto a 54 personas en el comedor merece «un verdadero reconocimiento: «El Estado nos debe a nosotres porque ponemos muchos paños fríos dónde el Estado no está».
Frente a esta situación, cocineras y cocineros de todo el país se unieron para pensar un proyecto de ley que incluya un reconocimiento salarial para el trabajo comunitario que realizan estas personas en barrios populares.
El proyecto de ley fue presentado este lunes en la Cámara de Diputados de la Nación a través de la diputada del Frente de Todos, Natalia Zaracho, y lleva las firmas en su mayoría de legisladores de ese frente, pero también del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad y de Encuentro Federal.
El proyecto se llama «Programa Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Comedores y Merenderos Comunitarios» y reconoce que el trabajo en los comedores y merenderos comunitarios es «indispensable para garantizar el acceso a la alimentación de grupos vulnerados en los barrios populares del país».
«El proyecto lo escribimos nosotras, las cocineras, con mucho esfuerzo y acompañamiento. Contempla aquellas personas que trabajan en comedores y merenderos, que son 80% mujeres, pero también hay varones», contó a Télam María Claudia «La Negra» Albornoz, referente de la organización La Poderosa, impulsora del proyecto de ley.
Sobre este universo de personas, que abarca a trabajadores de comedores comunitarios que residen en barrios populares, compartió que, según datos del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (Renacom), «hay 35 mil comedores y merenderos en la Argentina y más de 134 mil personas trabajando», aunque consideran que «hay muchos más que no están registrados».
«La mayoría de quienes trabajan en comedores y que se verían afectadas por esta política son mujeres de barrios populares a las que no les sobra nada y dan lo que no tienen para que otros puedan comer. Son las más pobres entre las pobres, que sostienen hogares y vidas en sus comunidades», contó la diputada Zaracho a Télam.
En este sentido, destacó que «hoy las cocineras no tienen ni reconocimiento ni remuneración» y que «esta democracia tiene una deuda con las mujeres que sostienen a los y las que más lo necesitan».
«Elaborar comida para 10 millones de personas en Argentina es muchísimo trabajo y estamos históricamente invisibilizadas», advirtió, a su vez, Albornoz.
El proyecto contempla una remuneración que equivale a un salario mínimo fijado periódicamente por la Comisión Nacional de Trabajo en Comedores y Merenderos Comunitarios, depositado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Además, reconoce la labor que realizan como un trabajo, con responsabilidades y derechos, tales como la posibilidad de tener vacaciones, licencias, aguinaldo, indemnización, seguridad social, un descanso de 48 horas semanal y una jornada laboral que no puede exceder las 7 horas diarias y las 45 semanales.
«Con nuestra ley conseguimos ser reconocidas como trabajadoras como cualquiera, a tener derecho a una obra social, a licencia por maternidad, a unas vacaciones, y sobre todo el reconocimiento a que somos trabajadoras esenciales en nuestros barrios», concluyó Elizabeth.