El robo de documentación del 8 de octubre de 1984 en los Tribunales de Rosario, es en un hecho del que todavía se desconoce a los autores materiales y por el cual el Poder Judicial perdió material probatorio que comprometía a la jefatura castrense
La condena al exjefe de Inteligencia del II Cuerpo de Ejército Héctor Fructuoso Funes por el robo de documentación sobre la represión ilegal sustraída de los Tribunales de Rosario en octubre del año 1984 tuvo un notorio avance al descubrirse en el pedido de ascenso de un militar la mención a dos «operaciones especiales de inteligencia», una de ellas realizada aquel año.
Funes fue condenado hoy a cuatro años de prisión en el marco de un juicio abreviado como partícipe necesario del robo de documentación realizado el 8 de octubre de 1984 en los Tribunales de Rosario, en un hecho del que todavía se desconoce a los autores materiales y por el cual el Poder Judicial perdió material probatorio que comprometía a la jefatura castrense.
Al solicitar la elevación al juicio oral, el fiscal Adolfo Villate hizo hincapié en un documento hallado por la Fiscalía Federal de San Nicolás mientras investigaba por crímenes de lesa humanidad al coronel del Ejército Luis Américo Muñoz, segundo jefe y luego titular del Destacamento de Inteligencia 101 de esa ciudad del norte bonaerense.
El documento que aceleró la investigación era un reclamo administrativo de Muñoz a las autoridades del Ejército, al Ministerio de Defensa y al entonces presidente Alfonsín, en el que pedía que se revisara la calificación que le habían puesto, de «apto para continuar en su grado», porque ese rótulo no le permitía obtener un ascenso.
En esa solicitud, Muñoz hacía referencia a su participación en dos «operaciones especiales de inteligencia», la primera realizada antes de las elecciones de octubre de 1983 y la segunda al año siguiente, ya en democracia, cuando era jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de San Nicolás, dependiente del II Cuerpo con asiento en Rosario.
Sobre la segunda ‘operación de inteligencia’, Muñoz sostuvo que «consistió en un gran despliegue de efectivos y medios» con la finalidad de «disminuir la intensa presión de las organizaciones de derechos humanos, para llevar ante los estrados judiciales a personal militar y civil de la Fuerza, como así también personal policial».
«Debo señalar que este operativo cumplió ampliamente con su cometido», explicó el coronel, para agregar que «permitió disminuir el hostigamiento de la subversión enancada en las organizaciones de derechos humanos; y por ende llevar tranquilidad a los hogares de muchos camaradas».
Para el fiscal Villate, Muñoz hizo referencia en esa nota al robo a los Tribunales de octubre de 1984, atento a que no existió ese año otro hecho que permita encuadrarse en esa descripción.
Acerca de la primera operación especial de inteligencia a la que había hecho referencia Muñoz en su escrito, la Fiscalía entiende que se trata del secuestro de los militantes peronistas Osvaldo Agustín Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, «levantados» del bar «Magnum» de Rosario el 14 de mayo de 1983, y cuyos cuerpos asesinados aparecieron tres días después en un camino rural cercano a la localidad bonaerense de Lima.
En el escrito de queja por su ascenso, Muñoz señaló que «dada su gran envergadura, las dos operaciones especiales fueron ampliamente publicitadas por todos los medios de comunicación masivos, con una gran repercusión. Esta situación puso en serio peligro mi integridad personal, incluyendo a mi familia».
Además, sostuvo que «dadas las características de dichos acontecimientos, configurados doctrinariamente como ‘operaciones especiales’, voy a limitarme solamente a mencionarlos en su ubicación temporal como marco de referencia de la oportunidad en que se produjeron, brindando un breve contexto de los mismos».
«No obstante -siguió-, si se me ordena, puedo hacer un relato pormenorizado de las operaciones en que participé directa y activamente cumpliendo órdenes de la superioridad».
De acuerdo a la investigación, el superior de Muñoz en ese entonces era el jefe de Inteligencia del II Cuerpo de Ejército, Héctor Funes, condenado hoy por el robo de documentación en los Tribunales de Rosario, que a su vez respondía al comandante Víctor Pino Cano, que estuvo imputado en el caso hasta su muerte.
Muñoz también murió, el 31 de julio de 2021, a los 84 años, sin revelar quiénes fueron los superiores que le ordenaron la sustracción de los documentos de los Tribunales de Rosario.