Por Diego Carballido
«Mi hijo Andrés era un estudiante, dulce y respetuoso, como cualquiera, que encontró la muerte en un destacamento de Gendarmería y quiero saber por qué». Quien lo cuenta es Mónica García en comunicación con CLG, una madre que desde el 13 de junio de 2014 mantiene una lucha incansable para obtener justicia por la pérdida de su hijo mayor.
Andrés García Campoy tenía 20 años y era, como su familia, oriundo de San Luis. Estudiaba Licenciatura en Higiene y Seguridad Industrial, para lo cual era necesario viajar hasta la Universidad Aconcagua de Mendoza. La última vez que se lo vio con vida transitaba en su Peugeot 504 la ruta 7 a la altura de Luján de Cuyo con destino a Destilería, muy cerca de donde hace poco tiempo el presidente Mauricio Macri inauguró un nuevo destacamento de Gendarmería.
Tenía que hacer unos tres kilómetros, apenas. Nunca llegó. Fue detenido en el kilómetro 1060 por dos gendarmes, consigo llevaba un arma de colección propiedad de su bisabuelo, una carabina calibre 22 modelo 1860. La imagen siguiente es el cuerpo sin vida de Andrés en la parte de atrás de su auto con un disparo en la cabeza. Según la versión de los gendarmes, Andrés se puso nervioso por el control y se pegó un tiro, a pesar de que tenía toda la documentación al día.
«Dicen que se suicidó con una carabina que no funcionaba y estaba toda herrumbrada», relata angustiada Mónica y agrega: «Nunca voy a saber bien lo que pasó, si alguien lo llamó a último momento, porque el teléfono de Andrés no se pudo abrir ni en Mendoza ni en Buenos Aires, algo hecho totalmente adrede. Ahí estaba el mensaje con quien se iba a juntar”.
El caso Campoy tiene varias particularidades porque se trataría del suicidio de una persona que tenía planeado unas vacaciones con amigos y también asistir a un cumpleaños esa misma noche, hasta había comprado el regalo para el agasajado. «El cuerpo de Andrés no tenía pólvora en las manos ni en su ropa y a los gendarmes tardaron cinco días en hacerles la pericia”, dice Mónica.
La causa fue caratulada como homicidio agravado por el juez federal Walter Bento, a quien la mamá de Andrés responsabiliza de alentar la evolución de la causa por la que no existió, a lo largo de estos cuatro años, ningún detenido.
Ante esta quietud legal, Mónica, comenzó una cruzada a través de las redes sociales donde logró tener visibilidad de su caso a nivel nacional y obtener el respaldo de la Apdh –Asamblea Permanente por Derechos Humanos-.
La familia García Campoy tenía tres hijos: Andrés era el mayor y luego le siguen Juan Manuel de 21 años y Agustín que está en primer año de la secundaria. «Fue un golpe terrible para todos”, relata Mónica, que continúa su incansable pelea por encarcelar a quienes ella interpreta son los responsables de la muerte de su hijo.