Distintos analistas analizaron la situación luego de la toma en Brasilia de las sedes del Gobierno, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal de Federal
La toma en Brasilia de las sedes del Gobierno, el Congreso Nacional y el Supremo Tribunal de Federal (STF) por miles de seguidores de Jair Bolsonaro tuvo al ex presidente como “principal instigador”, por lo que tendrá que responder frente a la justicia, mientras se abre un período de desafíos para el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva, quien, si bien recibió respaldos significativos, afrontará “el mandato más difícil desde la redemocratización”, señalaron este lunes distintos analistas.
El ex presidente de la Asociación de Jueces para la Democracia de Brasil Marcelo Semer aseguró a Télam que Bolsonaro «puede y debe ser considerado responsable» de los ataques de ayer.
«No cabe duda de que fue el principal instigador del rechazo de los resultados en las urnas. Guardó silencio cuando tenía la obligación de hablar -como en reconocer la derrota y criticar la violencia de los primeros días- y dijo que las manifestaciones eran justas”, aseguró a Télam.
El juez, autor del libro «Las paradojas de la justicia», señaló además que “hay fuertes indicios de que Bolsonaro ha influido sobre los líderes de los movimientos terroristas, incluso (estando) en Estados Unidos”, adonde se marchó antes de terminar el mandato.
Para Semer, si bien “hay una laguna en la tipificación del terrorismo político”, esos delitos contra las instituciones democráticas, que se derivan de la derogación en 2021 de la Ley de Seguridad Nacional de la dictadura (1964-1985) , “son suficientemente graves”.
Las responsabilidades de las fuerzas de seguridad, principalmente de la Policía Militar dependientes de los estados, en este caso de Brasilia, también son parte de las investigaciones y Lula pidió “condenas ejemplificadoras” el domingo al decretar la intervención de las fuerzas públicas en el distrito federal.
Además de las normas punitorias, surge la pregunta acerca de otras herramientas para combatir estas expresiones y sobre la continuidad de estos grupos extremistas.
Para la periodista y escritora Michele Prado, los actos de ayer fueron parte del “terrorismo interno de extrema derecha” y esto presenta desafíos al nuevo gobierno, pese a haber recibido apoyos de casi todo el arco político nacional e internacional.
“Será el mandato más difícil desde la redemocratización porque además de la destrucción causada por Bolsonaro, la extrema derecha y la derecha radical se han establecido en la sociedad y en las cámaras legislativas”, dijo a Télam.
En el Congreso, el desafío de Lula será neutralizar a la mayoría del Partido Liberal, que llevó a Bolsonaro como candidato, y seguir negociando con los sectores del Centrao, el bloque que cambia apoyos parlamentarios por cargos y presupuesto.
“La extrema derecha tiene la mayor representación de toda la historia democrática del país y seguirán invirtiendo no solo en la radicalización de la sociedad y la movilización extremista, sino también en el retroceso de los derechos civiles a través de las políticas públicas”, describió.
Para la especialista, estos sectores “dificultarán al máximo la labor del nuevo Gobierno” a través de “métodos ya conocidos de la alt-right (acoso online, desinformación, noticias por fases, trolling) y también los artilugios legales que les darán los mandatos”.
Hoy, un grupo de legisladores brasileños comenzó a recabar apoyos para crear una comisión parlamentaria que investigue la eventual responsabilidad e implicancia del ex presidente en el ataque golpista.
En Estados Unidos, luego de la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021 también se abrieron instancias similares; sin embargo, parte del Partido Republicano continuó insistiendo en una narrativa de fraude electoral.
“El bolsonarismo, igual que el trumpismo, termina dividiendo aguas internamente por la acción de los sectores más radicalizados. Luego se dan problemas como el de la elección del líder de la bancada republicana de EEUU, donde hay minorías que condicionan al conjunto”, comparó el consultor político argentino Carlos Fara.
“Está claro que el bolsonarismo tiene su potencia y puede movilizar gente. En algún momento, cuando haya aumentos en los precios del transporte o de energía, Lula sabe que tiene una cierta capacidad de movilización en contra”, evaluó Fara en diálogo con esta agencia.
Y en ese sentido, no son ajenas las tensiones al interior del bolsonarismo que exceden a la capacidad de control del excapitán del Ejército, quien para algunos de ellos, los decepcionó al no tomar una actitud de liderazgo para pedir la intervención militar.
Para Prado, especialista en fenómenos de extremismo y radicalización en Brasil, hay “grupos de derecha y facciones de extrema derecha que terminaron rompiendo con el bolsonarismo durante la pandemia que se reagruparán en oposición al gobierno de Lula”.
En las plataformas digitales “la radicalización sigue en marcha”, sobre todo a partir de “influenciadores digitales, y la extrema derecha dispone ahora de una red alternativa con un alcance que a menudo supera la audiencia de la prensa tradicional”, agregó.
En tanto, Semer dijo que la reparación del daño causado puede implicar también “el silenciamiento de los emisores de fake news (perfiles en redes sociales, licencias de TV y radio); pérdida de cargos públicos de quienes fueron omisos o conniventes; inelegibilidad de políticos que hayan atentado contra el Estado democrático”, entre otros.
“Ahora viene el trabajo más difícil de reconstruir Brasil y volver a coser el tejido social desgarrado por la extrema derecha, por el bolsonarismo”, dijo Prado.
Para Fara, “el viejo Brasil de la negociación y la componenda tradicional no es el actual, este es un Brasil más dividido, más tensionado”.
La narrativa religiosa también es uno de sus atributos de los bolsonaristas.
“La religión ocupa un papel central en la movilización frente a los cuarteles, en la justificación del movimiento y en la constitución de la actuación del grupo. Entre ellos hay presencia de diferentes creencias, principalmente católicos, espiritistas, espiritistas y evangélicos”, explicó el politólogo Vinicius do Valle, de la Universidad de San Pablo.
El director del Observatorio Evangélico aclaró que se trata “de versiones ultraconservadoras de estas creencias” y que no tienen “demasiado respaldo entre líderes o denominaciones formales”.
Sobran las expresiones de apoyo de líderes religiosos de apoyo a Bolsonaro durante su gobierno y en la campaña, pero estos no se implicaron abiertamente en las protestas.
“No creo que ninguna iglesia sufra consecuencias, porque no apoyaron formalmente a los manifestantes. Sin embargo, es posible que los pastores de iglesias pequeñas sean castigados. Hoy, actuando entre los manifestantes, solo hay pequeños pastores”, dijo a Télam do Vale.
“Varios líderes de grandes confesiones se pronunciaron en contra de los actos de ayer. En la Iglesia Católica, la Confederación Nacional de Obispos fue muy clara en su condena. Entre los evangélicos hay dos posturas: unos más categóricos, en contra de los golpistas, y otros que dicen ‘entender la revuelta’, pero condenan el ‘vandalismo’. Cabe esperar de los dirigentes estas declaraciones y nada más rotundo”, concluyó.