El proyecto, en rigor, repite la propuesta presentada en varias oportunidades en la Legislatura porteña, donde nunca prosperó debido a la falta de acompañamiento del bloque PRO
Sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Cromañón, en la que murieron 194 personas, presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación para que el edificio donde funcionó el local bailable sea declarado de «utilidad pública y sujeto a expropiación» con el propósito de crear allí un «espacio dedicado a la memoria» de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004.
La iniciativa ingresó ayer a la Cámara baja y será oficializada el jueves a las 16 en una actividad en el Salón de los Pasos Perdidos, según informaron a Télam las organizaciones convocantes, entre ellas, la Coordinadora Cromañón, El Camino es Cultural, Familiares de La Matanza, Movimiento Cromañón, Ni Olvido Ni Perdón, No Nos Cuenten Cromañón, Organización 30 de Diciembre, Que No Se Repita y Sin Derechos No Hay Justicia.
El proyecto, en rigor, repite la propuesta presentada en varias oportunidades en la Legislatura porteña, donde nunca prosperó debido a la falta de acompañamiento del bloque oficialista, que responde al Ejecutivo local y dificultó su aprobación debido a que cuentan con la mayoría parlamentaria.
En ese marco, las organizaciones decidieron llevar la iniciativa a la Cámara baja, donde ingresó con las firmas de 20 diputados de diversas fuerzas políticas como el Frente de Todos; el interbloque de Juntos por el Cambio que conforman el PRO, la Coalición Cívica y la UCR-; el Frente de Izquierda; Identidad Bonaerense y el Socialista, entre otros.
En el artículo primero, el proyecto plantea la declaración de «utilidad pública y sujeto a expropiación, en los términos de la Ley 21.499, el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre 3038/78, entre Ecuador y Jean Jaures, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3, predio popularmente conocido como República Cromañón”.
Indica que el lugar «será destinado a la creación de un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del2004, cuando un estrago causó la muerte de al menos 194 personas y miles de heridos», en tanto que establece que «a tal fin, se creará una muestra permanente que reflejará la historia de lo allí ocurrido, y se organizarán actividades culturales e informativas».
«La edificación existente en el inmueble expropiado deberá conservar los elementos testimoniales de la masacre, que hacen a su valor histórico-cultural y configuran la memoria histórica que se debe preservar. Asimismo, se deberán garantizar las acciones de conservación preventiva, curativa y de restauración dentro del predio», señala.
En cuanto a los fondos para concretar la expropiación, el texto fija que «el valor de los bienes a expropiar será fijado conforme las disposiciones de la ley 21.499, por el Tribunal de Tasaciones de la Nación», al tiempo que autoriza «al Poder Ejecutivo para efectuar en el Presupuesto General de la Administración Nacional del ejercicio vigente, las adecuaciones presupuestarias que resulten para el cumplimiento de la ley».
El 30 de diciembre del 2004 y durante el mandato como jefe de Gobierno porteño de Aníbal Ibarra, 194 personas murieron y más de 1.500 resultaron heridas al quedar atrapadas en el boliche República Cromañón, cuyo gerenciador Omar Chabán permitió el ingreso de concurrentes muy por encima de lo habilitado para el recital de la banda Callejeros.
A poco de comenzado el concierto, el accionar de una bengala prendió fuego una media sombra situada en el techo del local y generó un humo tóxico que fue aspirado por los miles de jóvenes que estaban dentro y que no pudieron salir a tiempo ya que las salidas de emergencias del local estaban cerradas con candados.
El edificio es actualmente de la sociedad «Nueva Zarelux», cuyo dueño es Rafel Levy -el mismo propietario que al momento del incendio-, y fue restituido en octubre del 2018 por decisión del Tribunal Oral Criminal 24.
«Ante semejante masacre, por la cual fueron condenados tanto empresarios como funcionarios públicos por cohecho, es el Estado el cual debe garantizar las instancias reparatorias. Y entre dichas instancias, es indispensable que se garantice la Memoria Colectiva», manifestaron los autores del proyecto.