El secretario general del sindicato portuario habló sobre los allanamientos en el TPR y la droga hallada en el exterior proveniente de esta terminal
El secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), César Aybar, habló de la intervención policial en el Puerto de Rosario debido a los más de 1.400 kilos de cocaína incautados en Brasil y Países Bajos. «Es importante que la Justicia determine quiénes son los responsables», dijo el gremialista y sostuvo que este hecho «cataloga al puerto de Rosario como un puerto sucio».
En ese marco, en comunicación con LT8 César Aybar indicó que este episodio tiene un «impacto muy negativo sobre la fuente laboral porque cataloga al puerto de Rosario como un puerto sucio», pero destacó que «se pudo cortar con esa maniobra que perjudica la actividad portuaria en su conjunto».
«Es importante que la Justicia determine quiénes son los responsables, cómo sucedió que se pudieron sortear todos los mecanismos de control», expresó el secretario general de Supa
Terminal Puerto Rosario S.A tiene una concesión desde el año 2002 que se extenderá hasta 2032.
Aybar también es parte del directorio del Ente Administrador del Puerto Rosario, y desde ese lugar indicó que Enapro «trabaja para apoyar todos los controles habidos y por haber».
«Qué pasó acá lo tendrá que resolver la Justicia, dirimir la responsabilidad del caso, qué fue lo que pasó y cómo pudo suceder teniendo los controles que hay acá», indicó.
En los puertos de Santos en Brasil y Rotterdam en Países Bajos se dieron dos intervenciones policiales sobre barcos que partieron desde el puerto de Rosario. En los procedimientos se encontraron 1.434 kilos de cocaína entre los dos navíos. Luego de que fueran notificadas las autoridades de Rosario y Argentina se llevaron a cabo tareas investigativas que tuvieron como resultado tres personas detenidas, entre ellas dos transportistas y un empleado portuario. Mientras tanto, hay otros dos prófugos que son buscados.
Tanto las autoridades brasileñas como las nerlandesas dieron el aviso a la Justicia federal argentina, que comenzó una investigación para dar con la trazabilidad de los cargamentos.
Así, una vez recibido el aviso sobre la actividad ilícita presunta en el Puerto de Rosario, la investigación local fue impulsada por el fiscal federal Nº 2, Claudio Kishimoto; el fiscal de la Procuración contra el Narcotráfico (Procunar), Diego Iglesias y el auxiliar judicial Matías Scilabra. Y las órdenes de allanamiento fueron libradas por el juez federal Carlos Vera Barros.