Por Pablo Bloise
La preocupación en la provincia de Santa Fe sigue en aumento cuando se habla de la realidad que les toca atravesar a las empresas y sus trabajadores. En lo que va del año, cerraron 240 empresas industriales y otras 200 firmas cayeron en proceso preventivo de crisis.
Ante este panorama, la ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, dialogó con CLG y pidió un consenso entre todos los sectores para “avanzar con un paquete de medidas de emergencia que permita paliar esta situación, que es extremadamente delicada”.
Hay empresas que cierran sus puertas y otras que se ven obligadas a achicar la producción, disminuir salarios y reducir la jornada laboral de sus empleados, que son la otra cara de la moneda. El proceso preventivo de crisis alcanza a unos 15 mil trabajadores, cuyo futuro es incierto.
La ministra Ciciliani le confió a este medio que “hay mucha preocupación en Santa Fe por lo que se está viviendo. Junto con el ministro de Trabajo, Julio Genesini, estamos trabajando codo a codo porque esto involucra a muchísimos trabajadores y, por ende, a muchísimas familias”.
“Dialogamos con los dueños de las empresas y vemos que se encuentran ahogados por el sistema financiero, ya que no consiguen capital de trabajo a una tasa razonable para las operaciones normales. A pesar de que hay varios motivos que generan esta crisis, ellos manifiestan que ese es el principal problema”, sostuvo la funcionaria.
Al ser consultada por la manera de revertir esta realidad, Ciciliani apuntó: “Nosotros proponemos que se bajen uno o dos puntos los encajes bancarios y así construir una masa de dinero que esté destinada a préstamos para pymes, a una tasa razonable y compatible con los niveles de actividad de las empresas”.
“Más allá de eso, obviamente las empresas hoy están sufriendo un incremento en los costos por la dolarización, aumento en la energía y muchos otros factores. El primer problema que atraviesa a todos los sectores es el costo financiero”, continuó.
“Supongamos que una pyme recibe un cheque a 90 días en forma de pago y tiene que ir a cambiarlo. Si va a una cueva, en lo que sería el circuito ilegal, le cobran un 90% de interés. Si va a un banco, le cobran entre el 50 y el 60 por ciento. Pensemos en el drenaje de dinero que eso significa. La situación es realmente insostenible”, agregó la ministra.
Algunos ejemplos que grafican la situación son las empresas Electrolux, General Motors, Honda Guerrero, Helvética de Cañada de Gómez, Síntesis Química de Fighiera, Vasalli de Firmat, Metalsur de Villa Gobernador Gálvez, entre otras, que debieron reestructurar su día a día en respuesta a la crisis.
En referencia a la situación social que se vive en la provincia, lo que también gira en torno a la crisis de las empresas, deslizó: “Estuvimos en la sede del Ministerio de Trabajo de Rosario y los pasillos están llenos de trabajadores que buscan no perder su empleo. Es muy complejo lo que está ocurriendo”.
“El hecho de bajar los salarios o la cantidad de horas laborables ponen al trabajador en un lugar en el que no le alcanza el salario para vivir. El costo que están pagando genera un impacto social muy negativo. Porque esto no sólo lo sufre la familia en sí, sino que esa familia cada vez compra menos en el almacén de la esquina, y ahí empieza toda la cadena”, añadió.
Por último, manifestó: “Tenemos que poner esto en la dimensión grave que tiene y buscarle una rápida salida a la especulación financiera. Y luego podemos ver una enorme cantidad de temas que propuso el gobernador Miguel Lifschitz, como por ejemplo que se congelen los precios de las naftas y de las tarifas de aquí a fin de año, en lo que sería una medida excepcional”. “Debemos llegar a un acuerdo entre todos los sectores de todos los niveles de gobierno y trabajar en un paquete de medidas de emergencia para paliar esta situación tan delicada”, cerró.