En Argentina, alrededor de siete millones de personas son inquilinos. En 2016, se presentó en el Senado un proyecto de ley para realizar modificaciones en los contratos de alquiler. El mismo, basado en los reclamos frecuentes de los inquilinos, logró media sanción en la Cámara Alta en noviembre de ese año. Desde entonces, quienes la impulsan y apoyan, esperan que sea tratado en Diputados para que se le de la sanción definitiva.
«Debe aprobarse antes de este fin de año legislativo, en caso de que no suceda, perderá estado parlamentario», manifestó a CLG Ariel D’Orazio, coordinador del Consejo Asesor de vivienda en la Oficina del Consumidor. Para evitarlo, aseguró que se reunirán «durante septiembre con el diputado Daniel Lipovetzky, del frente Cambiemos» y así poder «avanzar en el tratamiento de la ley».
El legislador es el presidente de la Comisión de Legislación General y, según D’Orazio, necesitan del apoyo de éste para lograr que se discuta el proyecto y «que se apruebe, eso es fundamental». Para el coordinador, el proyecto se encuentra frenado por «el lobby inmobiliario y la falta de voluntad política de la mayoría de los legisladores«.
«Los 32 integrantes de la Comisión de Legislación no reúnen el quórum ni ponen en tratamiento el proyecto. Hemos intentado avanzar con otros bloques, pero tampoco reunimos el número. Es fundamental que el oficialismo en su conjunto, o una gran parte, le de respaldo a la ley porque sino, no tenemos posibilidades que avance«, explicó.
Desde que se aprobó la ley, se quejó que los diputados escucharon «más a los colegios profesionales de Corredores y a las Cámaras Inmobiliarias» y no lo hicieron con las organizaciones sociales que «luchan por mejorar las condiciones a la hora de acceder a la vivienda mediante un contrato de alquiler«.
Ante esto y debido al poco tiempo que queda para que sea tratado el proyecto, D’Orazio afirmó que van a «agotar todas las posibilidades» este año para que se apruebe la ley. En caso que no ocurra, deberán presentar nuevamente un proyecto. «Deberemos decidir en qué recinto empezamos, porque obviamente el Senado que le dio media sanción al proyecto ha cambiado muchísimo en su conformación. Eso muchas veces dificulta el avance de un proyecto tan importante como el que vinimos trabajando», aseguró.
«Hoy no sabemos que podría pasar. La agenda está muy politizada y se termina desviando la legislativa por la disputa entre el Gobierno y la oposición y quedan afuera temas importantes. Es fundamental que no tengamos que volver a transitar por la Cámara alta y tengamos el aval de los diputados para tener una nueva Ley de Alquileres», agregó.
Qué contempla la Ley
Los cambios que introduce el proyecto de ley que tiene media sanción en el Senado son en pos de un beneficio para el inquilino. En resumen, para evitar abusos de los dueños o las inmobiliarias en cuanto al valor del alquiler y los tiempos en los contratos.
Uno de los puntos más importantes y que influyen mucho a la hora de que alguien decida alquilar es el precio del mismo y sus variaciones durante el año. Actualmente, el cambio en el valor ocurre semestralmente. El proyecto contempla que la actualización sea anual y de acuerdo a un nuevo índice.
El aumento se determinaría por un promedio en partes iguales entre la inflación y el coeficiente de variación salarial. Esto, según dijo Ariel D’Orazio, «le da previsibilidad económica al contrato y toma en cuenta lo que varían los salarios, que es la herramienta con la cual los inquilinos hacen frente a los alquileres».
Además, aseguró que es una de las maneras de hacer más equitativa la actualización de los valores. Si la inflación es de un dígito anual, no sufriría modificaciones el precio del alquiler.
Otro de los puntos es establecer un tope en las comisiones inmobiliarias. En Santa Fe, por ejemplo, se paga cada dos años, un mes y medio. A partir de la ley, no se podría cobrar el equivalente a un mes en tres años. Esto reduce un 30% los gastos de contratación.
El contrato, pasaría a ser mínimo legal de tres años. De esta manera, para D’Orazio, se termina con un plazo corto que no permite «previsibilidad al inquilino, porque no puede planificar a futuro».
Además, se establecería de forma taxativa que los impuestos que gravan la propiedad como el API en la provincia o en el caso de las expensas extraordinarias, corran por cuenta del propietario y no del inquilino.
Otro de los puntos que D’Orazio remarcó como «importante» plantea que, a 60 días de finalización del contrato, las partes se junten a definir si se renovará o no. Si no hay acuerdo, el inquilino puede abandonar la propiedad antes de que finalice sin tener que pagar indemnización.
También se elimina la obligatoriedad de estar seis meses en el contrato para poder rescindir, y no se debería pagar indemnización. endeuda al inquilino.