La Justicia de Rosario dictó una cautelar a favor de una mujer a la que le sustrajeron una importante suma, al considerar que las entidades financieras no establecieron procesos de verificación de identidad para evitarlo
La jueza en lo Civil y Comercial de Rosario Mónica Klebcar dictó una medida cautelar en favor de una mujer que fue víctima de una ciberestafa y le ordenó a dos bancos que restituyan el dinero que había desaparecido de la cuenta sueldo de la damnificada.
El caso que llegó a los Tribunales provinciales tuvo como protagonista a una médica de unos 50 años que trabaja en relación de dependencia en una empresa de medicina.
En los primeros días de mayo, la profesional de la salud recibió en su cuenta sueldo el depósito de los haberes correspondientes del mes más una asignación por vacaciones.
La maniobra delictiva quedó al descubierto al día siguiente, cuando la víctima recibió un correo electrónico de su banco, Supervielle S. A., en el que le informaba que había realizado una trasferencia por casi 700 mil pesos a una cuenta radicada en el banco Itaú. Era prácticamente el total de los fondos que tenía la cuenta.
A partir de allí, realizó las denuncias en el homebanking y se procedió al bloqueo de la tarjeta de débito. También realizó una denuncia online en el Ministerio Público de la Acusación.
Posteriormente, concurrió a la sucursal del Supervielle, y se le informó que se iniciaría la investigación de una posible defraudación. Respecto de la cuenta destinataria, se le hizo saber que pertenecía al banco Itaú y que la misma estaba a su nombre.
La mujer nunca había solicitado una apertura de cuenta allí, solicitó explicaciones y le dijeron que la cuenta había sido abierta de forma online, que tenía asociado un correo electrónico que no le pertenecía, y un teléfono que, además de no ser el propio, tenía característica de Buenos Aires.
El 24 de mayo recibió una transferencia por $ 50.500 y el banco Supervielle le informó que era “algo de lo que se había recuperado”.
Una semana después el Banco Itaú le respondió que cerraba su cuenta por fraude, de forma retroactiva al 26 de mayo.
En la medida cautelar, presentada con el patrocinio del abogado Maximiliano Toricelli, se destacó la falta de restitución del dinero que le traía aparejado no poder disponer de su remuneración a los efectos de hacer frente a sus necesidades básicas y las de sus hijos”.
Ahora, el proceso judicial continuará por daños y perjuicios en contra de las dos entidades bancarias por no haber establecido procesos de verificación de identidad para evitar esos delitos.