Los dueños del mayor banco privado del país y del hemisferio sur, Itaú, y la estratégica Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), entre otras entidades, difundieron un crítico documento quitandando su apoyo al mandatario
Por: Pablo Giuliano, corresponsal en Brasil
El poder económico más concentrado e influyente de Brasil decidió abandonar el proyecto de reelección de Jair Bolsonaro, al lanzar un manifiesto junto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo (USP) para repudiar los ataques sin pruebas del mandatario contra el sistema electoral y alertar sobre un escenario de no reconocimiento del resultado de los comicios del 2 de octubre, como hizo en Estados Unidos el expresidente Donald Trump.
Entre los firmantes del petitorio se encuentran los dueños del mayor banco privado del país y del hemisferio sur, Itaú, y la estratégica Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), entidades que apoyaron los movimientos para derrocar a Dilma Rousseff en 2016 y avalaron el programa económico de Paulo Guedes, el ministro de Economía de Bolsonaro.
El jefe de Gabinete del gobierno brasilero, Ciro Nogueira, jefe del grupo parlamentario de la derecha tradicional llamado Centrao, repudió el manifiesto y lo vinculó a la decisión del Banco Central de implementar un sistema de pago electrónico por teléfonos celulares llamado «pix», con el cual se eliminaron las tarifas bancarias de transacciones, según él, provocando que los bancos dejen de ganar 8.000 millones de dólares.
En el manifiesto llamado «Carta a las brasileñas y a los brasileños en defensa del estado democrático de derecho», la Facultad de Derecho de la USP, la facultad pública más prestigiosa de Brasil, repudia el ataque del presidente al sistema electoral.
«En lugar de una fiesta cívica, atravesamos un momento de inmenso peligro para la normalidad democrática, riesgo para las instituciones de la República e insinuaciones de desprecio por los resultados de las elecciones. Los ataques sin fundamento que no van acompañados de pruebas cuestionan la imparcialidad del proceso electoral y el estado de derecho democrático que la sociedad brasileña ha conquistado con tanto esfuerzo», dice un trecho de la carta.
El manifiesto no da un respaldo político concreto a nadie, ni cuestiona el modelo económico que los grandes grupos económicos apoyan desde la asunción de Michel Temer en 2016, tras la destitución de Rousseff, así como la continuidad y profundización de ese programa, basado en el techo del gasto público, las privatizaciones y las reformas laboral y previsional ya ejecutadas.
La carta sostiene que «son intolerables las amenazas a otros poderes y sectores de la sociedad civil y la incitación a la violencia y a la ruptura del orden constitucional». «Recientemente hemos sido testigos de diatribas autoritarias que han puesto en peligro la democracia estadounidense secular. Allí, los intentos de desestabilizar la democracia y la confianza de la gente en la limpieza de las elecciones no tuvieron éxito, ni lo tendrán aquí», añade.
La carta no cita directamente a Bolsonaro, pero la respuesta del jefe de gabinete Nogueira fue una muestra elocuente de que este grupo de poder económico abandonó el proyecto reeleccionista del excapitán del ejército, que marcha segundo en las encuestas para el 2 de octubre, detrás del favorito, el expresidente Luiz Inácio Lula da SIlva, del Partido de los Trabajadores (PT).
Entre los firmantes de este manifiesto claro contra las amenazas de Bolsonaro a la justicia electoral sobre un supuesto fraude en las urnas electrónicas, que rigen desde 1996 en Brasil, se encuentran los pesos pesados del mundo financiero y empresarial.
Los más representativos que adhirieron al texto son Roberto Setubal, Pedro Moreira Salles, y Candido Bracher (del banco Itaú); Fabio Barbosa, de la multinacional de la cosmética Natura; Walter Schalka, de la celulosa Suzano; Horacio Lafer Piva, de la multinacional de la celulosa Klabin; Eduardo Vassimon, de la cementera multinacional Votorantim; Arminio Fraga, expresidente del Banco Central de Fernando Henrique Cardoso, titular del fondo de inversión Gávea, y José Pereira, ex CEO del Credit Suisse.
De todas formas, el peso político más importante del abandono del proyecto de reelección de Bolsonaro lo dio la Fiesp, la corporación empresaria más importante de América Latina, que tuvo un rol clave en el impeachment de Rousseff.
La Fiesp, cuya sede se encuentra en la estratégica Avenida Paulista de San Pablo, sirvió desde 2015 como escenario para las marchas organizadas por la ultraderecha para pedir la caída de Rousseff.
El titular de entonces -y que duró hasta 2021- era el empresario textil Paulo Skaf, quien en 2015 decidió convocar al empresariado a financiar los actos para destituir a la mandataria.
En marzo de 2016, durante las protestas, Skaf dijo a Télam que la entidad empresarial representaba los anhelos de la población para cambiar el gobierno. Fue así que Skaf sirvió de apoyo a Temer para la asunción a la Presidencia y fue candidato -sin éxito- a gobernador de San Pablo.
Contra todos los pronósticos de la industria nacional, Skaf adhirió en 2019 al bolsonarismo y al plan del ministro Paulo Guedes, un administrador de fondos de inversión que implementó una política de liberación de importaciones.
Luego de la salida de Skaf, la Fiesp dejó de expresar el apoyo al bolsonarismo en forma sectorial tras la elección de Josué Gomes da Silva, el magnate de Coteminas, la multinacional textil de Minas Gerais que tiene una planta en Santiago del Estero.
Gomes es hijo de José Alencar, el fallecido empresario nacionalista que fue vicepresidente de Lula en sus dos mandatos, entre 2003 y 2010 y era el principal crítico de las medidas de ajuste que se tomaron al inicio de la gestión de la cual participaba.
El manifiesto será leído el 11 de agosto en un acto llamado «En Defensa del Estado democrático de Derecho Siempre» en la Facultad de Derecho de la USP, en el inicio de la recta final para la campaña electoral.
El texto también repudia a la dictadura militar y tiene como referencia al profesor Goffredo Telles, famoso por una carta sobre la falta de legitimidad del régimen iniciado en 1964.
La declaración está firmada también por el jurista Miguel Reale Junior, que fue coautor del pedido de juicio político por pedaleadas fiscales en el presupuesto contra Dilma Rousseff, así como por economistas ligados antiguamente al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
La mayor parte de los firmantes del ámbito empresarial y financiero apoyaron o fueron votantes de Bolsonaro en las elecciones de 2018, cuando Lula estaba preso por la Operación Lava Jato y el candidato del PT era el profesor universitario Fernando Haddad, actualmente favorito a vencer en San Pablo.