La defensa del ex presidente de Brasil y líder opositor Luiz Inácio Lula da Silva presentó hoy un habeas corpus para evitar una posible detención en las próximas semanas, luego de que una cámara de apelaciones confirmara su condena por corrupción y lavado de dinero.
Abogados del ex mandatario hicieron la presentación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), máxima corte penal que también sirve para aclarar cuestiones de la legislación federal brasileña.
Así, el precandidato presidencial favorito en las encuestas para las elecciones del 7 de octubre busca evitar que se cumpla la orden de prisión decretada por el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre el miércoles.
Si el habeas corpus en el STJ es rechazado, la defensa podrá acudir al Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país.
Según el escrito, al que accedió Télam, la defensa pide al STJ que se impida detener a Lula hasta que todas las instancias sean agotadas, como marca la Constitución Federal.
El Tribunal Federal Regional 4 de Porto Alegre condenó el miércoles a Lula a 12 años y un mes de prisión, confirmando la sentencia por corrupción dictada en primera instancia por el juez Sérgio Moro, a cargo de la Operación Lava Jato.
La corte de apelaciones ordenó la detención de Lula una vez agotados los recursos en la segunda instancia, algo que puede ocurrir en un plazo cercano a 40 días.
El habeas corpus también apunta críticas de los abogados defensores de Lula, Cristiano Zanin Martins y Valeska Teixeira, al fallo condenatorio, al afirmar que el tribunal debió aplicar la «Teoría del Dominio de los Hechos para argumentar la falta de pruebas dada la inexistencia de delito».
Otro argumento apunta contra un fallo del STF que votó por 6 a 5 en 2016 en un caso que la prisión es posible sin la tercera instancia, pese a lo que afirma la Constitución sobre el tránsito en todas las cortes antes de perder la libertad.
Según dijo a Télam una fuente judicial, una eventual detención de Lula obligaría al ex mandatario a cumplir la pena en la cárcel de Tremembé, interior del estado de San Pablo.
Lula fue condenado y encontrado culpable de recibir un departamento en la playa de Guarujá por parte de la constructora OAS, supuestamente a cambio de contratos fraudulentos en la petrolera Petrobras.
La presentación del habeas corpus se dio en el marco de una declaración de la presidenta del STF, la jueza Carmen Lúcia Antunes, que le cerró las puertas a posibles movimientos en la máxima corte de Brasil para acelerar la resolución del caso del pedido de prisión de Lula.
«No sé por qué un caso específico generaría una agenda diferente en el Supremo Tribunal, (analizar el tema por causa de Lula). Sería reducir mucho a la Suprema Corte», dijo a periodistas Antunes.
Incluso, la magistrada reseñó que ella está a favor de que un condenado en segunda instancia -como Lula-, pueda ir a cumplir su pena en prisión sin esperar la resolución de la Corte Suprema.
De esta manera, no se opuso a la decisión del Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre de ordenar la detención de Lula una vez terminados los recursos del fallo del miércoles, algo que puede ocurrir en marzo o abril.
La jueza Antunes dijo, en un evento realizado por el portal Poder360, que votó dos veces por el inicio de la ejecución de las condenas a prisión en la segunda instancia. «En 2009 fue voto vencido y en 2016 fui voto vencedor», dijo.
En ese marco es que explicó que el caso de Lula no puede someterse a un tratamiento especial, aunque aclaró que otros jueces pueden solicitar poner el asunto en agenda a partir del fin del receso, este jueves.
Dos jueces han expresado su intención de volver a votar sobre la prisión en la segunda instancia, Gilmar Mendes y Marco Aurelio Mello, ambos a favor de que sea el STF la última instancia.
La actual jefa de la corte asumió el cargo en el 2006, designada por Lula y en acuerdo con el Senado.
El año pasado el ex presidente fue invitado por Antunes a su asunción como titular del máximo tribunal. La jueza de la corte también envió un recado a la defensa de Lula y al Partido de los Trabajadores sobre una interpretación de la Ley de Ficha Limpia, que impide candidaturas de condenados en segunda instancia.
«Ese es un asunto pacificado», dijo, indicando que ni la corte suprema ni la autoridad electoral cambiarían su interpretación sobre la ley que puede inhabilitar a Lula a participar de las elecciones del 7 de octubre.
Desde el Partido de los Trabajadores le respondieron con énfasis a la ministra, la segunda mujer que preside el Supremo Tribunal Federal.
«La corte ya está más pequeña. La ministra habló por su cuenta propia, no por todo el colegiado. El Supremo debe definir si no debe ser cumplida la pena antes del último recurso, como manda la Constitución. Pequeño es quien no respeta la Constitución», dijo el diputado Wadih Damous, ex presidente de la Orden de Abogados de Brasil.
El jefe del bloque de senadores del PT, Lindbergh Farías, afirmó que la corte suprema puede «encogerse si acepta la política de intimidación y vergüenza hecha por algunos magistrados de instancias inferiores».
El comentario apunta al poder que tiene el juez Moro y los fiscales de Lava Jato desde que la operación explotó en 2014 y recibieron luz verde para, desde la ciudad de Curitiba, tomar el caso a nivel nacional.
El comentarista político Kennedy Alencar, de la radio CBN, comentó que el actual momento político, con la Operación Lava Jato golpeando directamente a Lula, le ha otorgado más poder a Moro y al jefe de los fiscales de primera instancia, Deltan Dallagnol, que a las cortes superiores.
«Moro y Dallagnol tienen más influencia que 11 ministros juntos», dijo el analista para graficar la pulseada dentro del Poder Judicial.