La Corte santafesina resolvió ayer desplazar al juez Lorenzini, le ordenó remitir las actuaciones para poder expedirse y suspendió todos los plazos procesales que tenían como fecha límite el 30 de junio
Los acreedores comerciales de la aceitera Vicentin dieron hoy por caída la oferta de pago realizada por la empresa ante la resolución de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de solicitar la remisión de las actuaciones del concurso preventivo y desplazar al juez Fabián Lorenzini, a quien acusaron de «connivencia».
El abogado Gustavo Feldman, quien patrocina a los acreedores comerciales del grupo con sede en la ciudad santafesina de Avellaneda, afirmó además que la situación del juez civil y comercial de Reconquista es «harto comprometida», y no descartó «que tenga que afrontar alguna imputación penal».
La Corte santafesina resolvió ayer desplazar al juez Lorenzini, le ordenó remitir las actuaciones para poder expedirse y suspendió todos los plazos procesales que tenían como fecha límite el 30 de junio.
A través del Oficio número 550, el máximo Tribunal de Santa Fe estableció que el pedido de avocación, «una vez evacuado, se deberá remitir el expediente a los fines que esta Corte pueda expedirse con los autos principales a la vista», a lo que también agregó la decisión de suspender «los términos que estuvieran corriendo».
En declaraciones a radio LT9 de Santa Fe, Feldman evaluó que la causa Vicentin «es un compromiso a la entretela social, al plexo económico-financiero, de política cambiaria, compromete una las pocas actividades estratégicas que tiene el Estado nacional, que es la comercialización de granos a nivel internacional, con todo lo que eso conlleva: la captación y administración de divisas».
Para Feldman, Vicentin contó «con la anuencia y la connivencia a esta altura explícita del juez Lorenzini», a quien consideró «principal responsable del punto al que hemos llegado», y dijo que toleró «que la propuesta (de pago a los acreedores) contenga la inducción a conductas ilegales».
Explicó que la oferta de la empresa inducía a los acreedores a «incurrir en el delito de evasión agravada», al recibir una acreencia sin tributar el Impuesto a las Ganancias.
También acusó a Lorenzini de aceptar que el Grupo liquidara la empresa Emulgrain SA, «que Vicentin quiso vender, no pudo, no le autorizaron la venta del paquete accionario, entonces la liquidaron».
«Aparte, ya de por sí es sospechoso todo el plan que viene en marcha desde hace tiempo para licuar patrimonialmente lo que queda de Vicentin en lo que hace a las acciones de Renova», añadió Feldman.
Para el abogado, «el problema es que, si esto termina en una quiebra, que ojalá que no, esa operación primigenia de Renova también caería, con lo cual estaríamos ante una situación de severo compromiso para los cientos de puestos de trabajo que tiene Vicentin».
Además, consideró que lo actuado en el concurso representa «un compromiso para el orden público general como no se vio nunca en la historia de la provincia» de Santa Fe, por lo que avaló lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia.
«Acá se da la confluencia, como creo que no se ha dado nunca en la historia de Santa Fe, de compromiso de la situación institucional y de compromiso del orden público general. Acá no hay los 1.700 acreedores o los 800 o 900 defraudados por Vicentin», añadió.
En esa línea, Feldman dijo que «la Corte dispone además la suspensión de todos los términos (del concurso)», con lo cual dio por caída la oferta de pago realizada por Vicentin.
«No creo que pueda seguir subsistiendo una propuesta que nació mal parida y siguió peor. De forma tal, no imagino que se pueda refritar la propuesta originaria de Vicentin», concluyó.