Se trata de Carlos del Señor Hidalgo Garzón, ex oficial de inteligencia del Ejército, actualmente de 77 años de edad y en prisión domiciliaria por razones de salud
Un condenado por apropiación de una hija de desaparecidos, quien además actualmente afronta otro juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, pidió autorización para abandonar tres veces por semana su prisión domiciliaria para «efectuar actividades de asistencia espiritual».
Se trata de Carlos del Señor Hidalgo Garzón, ex oficial de inteligencia del Ejército, actualmente de 77 años de edad y en prisión domiciliaria por razones de salud.
A través de su defensa oficial, Hidalgo Garzón pidió autorización «para efectuar actividades de asistencia espiritual los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 16:30 horas por el lapso de 90 minutos».
«Durante su permanencia en establecimientos penitenciarios ha continuado con el ejercicio de sus prácticas religiosas, asistiendo a los ritos y ceremonias propios de su culto que allí se desarrollaban», justificó el pedido.
El escrito describe un accidente doméstico que sufrió su esposa.
«Dicha circunstancia, más las cuestiones propias a su estado de detención, han causado una gran angustia, con el consecuente padecimiento emocional, a lo cual la práctica de actividades espirituales junto con otras personas, podría contribuir de modo favorable para canalizar su malestar emocional, o al menos atenuarlo», insistió el pedido.
Hidalgo Garzón está condenado a 15 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino La Cacha y por la apropiación de Laura Catalina, hija de los desaparecidos Raúl René de Sanctis y Miryam Ovando.
La niña fue apropiada por Hidalgo Garzón y su mujer, María Francisca Morillo, quienes la inscribieron como hija propia, hasta que en septiembre de 2008 recuperó su identidad.
Actualmente, Hidalgo Garzón afronta el denominado «Juicio Brigadas» ante el Tribunal Oral Federal número uno de La Plata junto al multicondenado Miguel Etchecolatz por medio millar de delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno de Avellaneda.
El Tribunal de La Plata había rechazado el pedido de Hidalgo Garzón, pero la Cámara Federal de Casación anuló ese fallo porque en la decisión no se les dio intervención a las querellas para que emitieran su opinión.
De ese modo, el tribunal deberá emitir un nuevo pronunciamiento.