La reforma tributaria del 2017 pone en jaque a bibliotecas populares, radios comunitarias, cine, teatro y música. CLG habló con Carlos Nuñez, referente de La Pocho Lepratti
Nos tenemos que remontar al año 2017, en el auge del gobierno de Mauricio Macri se aprobó la reforma tributaria que derivó en la ley 27.432, la que imponía una serie de cambios en cuanto a la recaudación que provenía de los impuestos e iba destinada a las arcas del Estado. Entre ellas, el Artículo 4 manifiesta que a partir del 1º de enero del 2023 caduca el Fomento del Teatro, Bibliotecas Populares, Radios Comunitarias, Cine, Artes Visuales, Defensoría del Público y el INAMU (Instituto Nacional de la Música), una herramienta que todos estos sectores tenían para su sustento económico.
Es por ello que la cultura popular de Argentina comenzó a alzar la voz y pidieron que se derogue este artículo o que se modifique la ley porque, según adelantaron, será una situación límite la falta de esos recursos. CLG habló con Carlos Nuñez, referente de la Biblioteca Popular Pocho Lepratti y la radio comunitaria La Hormiga, ambas apostadas en el barrio Tablada de Rosario.
“Es un momento álgido donde hay un ataque a todo lo que es cultura popular. Esto sería una medida regresiva que elimina las asignaciones de partidas que había sido designadas por anteriores leyes”, explicó en una primera instancia Nuñez.
El integrante de la biblioteca Pocho Lepratti agregó que la modificación del Art. 4 hace que luego del 31 de diciembre se cambie el destino del dinero recaudado. “Esos tributos van a seguir siendo cobrados por el Estado, pero o van a ser destinados a la cultura popular argentino, sino que van a ir al Tesoro Nacional y cada gobierno determina después cual es el destino”, manifestó.
Para Ñuñez, “esto es altamente regresivo y perjudicial para todo lo que tiene que ver con la mirada pública de la cultura, porque obviamente no le cambia nada a todos aquellos que hacen actividades como teatro, cine o música como un negocio y cada ciudadano va a seguir pagando los impuestos”.
“Nosotros sostenemos todo tipo de defensa porque lo consideramos como un derecho a la comunicación, a la lectura, al arte, al esparcimiento y todo aquello que hace un buen vivir desde lo público”, puntualizó quien fue presidente de la biblioteca hasta 2020.
Ante la inminente puesta en función de la nueva ley, los distintos sectores decidieron juntarse y reclamar a cada legislador nacional la intervención y nulidad de la reforma. “Nos preocupa mucho y a partir de eso junto a otros actores estamos impulsando encuentros para mostrar los sectores que se ven afectados como puede ser bibliotecas populares, artistas, actores, radios comunitarias, lo hacemos con el objetivo de defender lo que hay que defender”.
En esta línea remarcó que “la única posibilidad que tenemos de revertir esto es que cada legislador de cada provincia derogue el Art. 4 de la ley o en su defecto planteen una nueva ley que no afecte a la cultura popular”.
Sobre el final, Nuñez arremetió contra el Congreso de la Nación y afirmó: “Firmaron algo que es tan desagradable que no lo hacen público y apuestan al gran desconocimiento, pero nosotros sí queremos decirle a la gente que los servicios que se prestan en las bibliotecas, radios o espacios de cultura, van a dejar de percibir aquello que le permite subsistir. No quiero decir que estamos nadado en beneficios, pero si nos quitan lo poco que nos dan, vamos a estar ante una dura situación, no sólo nosotros sino todos los usuarios”.
“Apuntamos a los legisladores porque son ellos los que tienen que definir qué es lo que quieren hacer, si van a apoyar a los lobbies o a los sectores populares que se expresan en todos los espacios”, añadió con firmeza el referente de las bibliotecas populares.
Por último, Carlos Nuñez fue contundente: “Los impuestos van a seguir cobrándose, pero irán dirigidos según lo opten las gestiones de gobierno y no a lo que decían las leyes que nos protegían”.
Estas asignaciones específicas son esencialmente los recursos económicos recaudados de los canales de televisión y están previstas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nro. 26.522. A su vez, las mismas están establecidas en la Ley de Cine Nro. 17.741, y en los premios de sorteo de la Lotería en la Ley Nro. 20.630, entre otras. Así se sostiene el trabajo y la producción cultural de miles de argentinos y el derecho a la cultura diversa de millones.
Si no se trata un proyecto de ley que modifique y prorrogue esas asignaciones específicas de recursos para la Cultura y la Educación, tanto el teatro, la música, el cine y las bibliotecas populares argentinas se quedarán sin fondos. También se perdería el Fondo de Fomento para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), herramienta que permite fomentar a los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios.