El requerimiento fue presentado por los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra, ante el juez de Garantías 2 de ese departamento judicial, Orlando Díaz, a pocos días de que se cumpla un año y cinco meses de la muerte del "Diez"
Los fiscales que investigan la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida en 2020 en el partido bonaerense de Tigre, pidieron hoy que los ocho profesionales de la salud imputados vayan a juicio como presuntos responsables de un «homicidio simple con dolo eventual», informaron fuentes judiciales.
El requerimiento fue presentado por los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra, ante el juez de Garantías 2 de ese departamento judicial, Orlando Díaz, a pocos días de que se cumpla un año y cinco meses de la muerte del «Diez», a raíz de un edema pulmonar y una falla cardíaca durante una internación domiciliaba que cursaba en el barrio privado San Andrés, del mencionado distrito.
El pedido incluye a los ocho imputados ya indagados en la causa: el neurocirujano y por entonces médico de cabecera del «10», Leopoldo Luciano Luque (40); la psiquiatra Agustina Cosachov (36); el psicólogo Carlos Ángel «Charly» Díaz (30); la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini (53); el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni, los enfermeros Ricardo Omar Almirón (38) y Dahiana Gisela Madrid (37); y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna (49).
A todos ellos, el equipo fiscal especialmente creado para esta causa por el fiscal general de San Isidro, John Broyad, los acusa como coautores de un «homicidio simple con dolo eventual», tras concluir que el equipo médico de Maradona fue «deficiente», «temerario» e «indiferente», que sabía que el «Diez» podía morirse en el estado en el que se encontraba y que no hizo nada para evitarlo.
Pese a que se trata de un delito que tiene una pena en expectativa de 8 a 25 años de prisión, los fiscales nunca pidieron las detenciones y los ocho acusados llegarán al debate en libertad.
En la acusación, los fiscales de San Isidro sostienen que los ocho imputados «infringieron los deberes que cada uno tenía a su cargo, colocando o colaborando a colocar un cúmulo de factores y circunstancias notoriamente burdas, incrementando todos los antes nombrados el riesgo por fuera del margen permitido ocasionando el fatal desenlace del paciente que, de lo contrario, hubiese podido evitarse».
«Así -continúa la acusación-, habiéndose representado el resultado fatal ante el grave cuadro de salud que evidenciaba la víctima y que era conocido al menos por todos los profesionales de la salud nombrados, ejecutaron acciones contrarias al arte de la salud y omitieron realizar los actos específicos que cada uno debía desarrollar entorno a su función, agravando el cuadro de salud de Diego Armando Maradona».
Los fiscales afirman que médicos y enfermeros colocaron al ex futbolista «en una situación de desamparo», que lo abandonaron «a su suerte» y así «provocaron el deceso de Diego Armando Maradona» producto «de una insuficiencia respiratoria y paro cardíaco».
Una de las claves de la acusación fueron las conclusiones a las que arribó la junta médica de peritos que durante dos meses analizó las circunstancias de la muerte de Maradona.
Allí, 17 de los 22 peritos que participaron concluyeron que Maradona era un paciente con pluripatologías que agonizó 12 horas antes de morir, que «no estaba en pleno uso de sus facultades mentales» y que pudo haber tenido «más chances de sobrevida» si hubiera estado en una clínica.
La junta afirmó que «el equipo médico tratante se representó cabal y acabadamente la posibilidad del resultado fatal respecto del paciente, siendo absolutamente indiferentes a esa cuestión, no modificando sus conductas y plan médico/asistencial trazado, manteniendo las omisiones perjudiciales precedentemente apuntadas, abandonando ‘a la suerte’ el estado de salud del paciente».
El juez Díaz ahora le correrá vista del requerimiento fiscal a las partes, se espera que las defensas presenten oposiciones y pedidos de sobreseimiento, y luego decidirá si eleva a juicio el expediente para que se sortee el tribunal oral de San Isidro que tendrá que hacer el debate oral.