Pese a la probable baja participación de este domingo, se estima que más del 70% de los votantes se muestre favorable a que López Obrador se retire recién al finalizar su mandato de seis años en 2024
Los mexicanos están convocados a votar este domingo si revalidan o no a Andrés Manuel López Obrador como presidente, en un referendo revocatorio inédito en el país, promovido por el propio líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cuyo mandato termina oficialmente en 2024.
«¿Estás de acuerdo en que a López Obrador, Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?«, indica la pregunta que los electores deberán responder por sí o por no en la consulta popular, en la que se estima que habrá una baja participación, de entre el 10 y 25%.
«Los cercanos al Gobierno opinan que entre 10 y 15 millones de mexicanos serían los participantes en este ejercicio«, detalló Leonardo Curzio, analista político e investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), una cifra que representaría entre el 11 y el 16% del padrón electoral, de 90 millones.
«En este ejercicio lo que va a medirse es el núcleo duro de apoyo que el Presidente puede movilizar. Por tanto, si consigue mover a 15 millones, estaría dos millones por debajo de la votación que tuvo en las últimas legislativas. Y, por supuesto, a la mitad de los que votaron por él en 2018«, indicó Curzio.
Pese a la probable baja participación de este domingo, se estima que más del 70% de los votantes se muestre favorable a que López Obrador se retire recién al finalizar su mandato de seis años en 2024, según un sondeo realizado entre el 8 y el 12 de marzo por la encuestadora SIMO para el diario El País de México.
«Se espera un amplio margen de manera favorable para que permanezca. López Obrador es un presidente muy popular, que cuenta con un 60% de imagen positiva y, de hecho, para muchos, esta consulta es desconcertante, en la medida en que no hay condiciones políticas para pensar que el Presidente pudiese irse«, consideró Curzio.
Además, el referendo solo sería vinculante si la participación alcanza el 40%, lo cual implica alrededor de 37 millones de mexicanos.
No obstante, López Obrador sostuvo que aunque el porcentaje de votantes sea inferior, si la mayoría decide que se vaya, él se irá.
Empero, «dado que no hay encuesta seria que no pronostique que el Presidente tendrá el 70%, la hipótesis presidencial es irrelevante y es solamente un juego de prestigio para tratar de incentivar un poco más la participación«, consideró Curzio.
Además, «legal y constitucionalmente el Presidente no puede renunciar al cargo salvo por motivos graves«, agregó el analista.
La iniciativa cuenta con la curiosidad de no haber sido promovida por la oposición como una herramienta de evaluación al Gobierno, sino que fue impulsada en 2019 por el mismo mandatario, ya que fue parte de sus promesas de campaña.
López Obrador, quien asumió el 1 de diciembre de 2018, ha sostenido que busca terminar con «la mala costumbre de quedarnos solo en la democracia representativa» y dar espacio «a la democracia participativa».
La consulta, que busca instalarse al tercer año de cada mandato presidencial, generó desconfianza de sus adversarios y estuvo envuelta en una polémica.
Debió enfrentarse a la aprobación legislativa, los escollos presentados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y las críticas de la oposición, que advierte que el mandatario y sus partidarios buscan desvirtuar el referendo, al promoverla como de «ratificación» y no «revocación», como marca la ley.
Cerca de finales de enero de este año, el INE anunció que se lograron recolectar las firmas exigidas por la ley para llamar a consulta y activar el referendo.
Ya en ese entonces, René Miranda, director del Registro Federal de Electores, adelantó que estaba en duda cómo se realizaría debido a la falta de recursos, responsabilizando a la Cámara de Diputados, controlada por el oficialismo, de un recorte presupuestario, e inaugurando así una puja entre el organismo y el Gobierno.
A pocos días de la votación, el INE asegura no haber recibido el presupuesto solicitado, por lo que el reclamo se verá traducido en pocas mesas instaladas: 57.517, solo una tercera parte de las que se usaron en la elección presidencial de 2018.
Al INE se le suma el boicot del PRI, el PRD y el Movimiento Ciudadano, todos partidos opositores que no acreditaron a ningún representante que fiscalice los votos, mientras que solo el PAN registró apenas 26.000 delegados en las mesas, informó el organismo electoral.
«La oposición le ha hecho el vacío al instrumento. Ha hecho una apuesta por que la gente no acuda a las urnas y por tanto, a partir de una baja participación, descalificar el instrumento«, explicó Curzio.
El Partido Verde y PT, aliados de Morena, registraron por su parte menos fiscales que el PAN.
«Es importante recordar que en México en principio no existe la reelección y al estar más allá de la mitad de su mandato, el Verde y el PT están más interesados en la sucesión de López Obrador, están pensando en el futuro y no en la popularidad del presidente«, explicó el analista mexicano.
Morena es el único que tendrá una cobertura total de las mesas para la jornada de la consulta, pues acreditó al 99% de sus delegados.
La crítica principal de la oposición «se funda en que el instrumento fue pensado como una revocación de mandato, es decir, retirar el poder a un presidente que no estaba teniendo un desempeño adecuado y por la vía de la propaganda electoral, garantizando también la movilización de la administración pública».
«La oposición sostiene que el presidente lo ha convertido en una ratificación de su mandato y así reforzar una suerte de culto a la personalidad y una entronización de López Obrador como la principal figura de la vida pública nacional«, explicó Curzio.
De cualquier forma, desde que fue alcalde de Ciudad de México (2000-2006), López Obrador prometió someter su mandato a la opinión popular mediante consultas, un mecanismo que utilizó ya como presidente electo en 2018 que llevó a que decidiera suspender el millonario proyecto de un nuevo aeropuerto para Ciudad de México.