Islandia decidió luchar de forma radical contra las diferencias de salario entre hombres y mujeres a través de una ley que contempla fuertes multas para las empresas que no documenten la igualdad salarial.
Desde el 1 de enero, las empresas de más de 25 empleados deberán probar, con documentos, que un hombre y una mujer ganan lo mismo en el mismo cargo y con competencias iguales.
Con su millar de empleados, Landsbankinn, el mayor banco islandés, participado por el Estado en un 98% desde su nacionalización tras la crisis financiera de 2008, ha empezado a conformarse a la ley.
Elisabet Björnsdottir, de 34 años, ejecutiva en el servicio de contabilidad, asegura que no se ha sentido peor tratada que sus colegas hombres en un país que ya está entre los más igualitarios de del mundo.
Pero «es una de las razones fundamentales por las que necesitamos esta ley: la diferencia salarial no es algo que se pueda fácilmente sentir o ver. Uno puede tener una sensación, pero es verdaderamente difícil probarlo».
El nuevo texto de ley invierte la carga de la prueba: ya no corresponde a los empleados probar la discriminación por motivos de género, sino a la empresas demostrar que las eventuales diferencias de salario no se deben a razones de género.
Concretamente, deberán evaluar las exigencias de un puesto y la capacidad del empleado para ocuparlo. Todo ello debe ser transparente y estar documentado, según criterio objetivos.
Entre los principales criterios figuran la antigüedad, la formación, la experiencia, el valor agregado y el estrés de la tarea.
Un organismo independiente entregará, llegado el caso, un certificado de conformidad válido por tres años.
Landsbankinn tendrá que pagar el equivalente de unos 120.000 euros para ponerse en regla.
A pesar del gasto que implica, el responsable de recursos humanos es favorable.
«Si la ley no nos obligara, pienso que seguiríamos haciendo las cosas como las hacemos ahora y la diferencia seguiría existiendo dentro de diez años», Baldur G. Jonsson.
Desde hace nueve años Islandia es considerado como «el país más paritario del mundo» por el Foro Económico Mundial.
Sin embargo, la diferencia de salarios entre hombres y mujeres seguía siendo del 16,1%, según el Instituto Nacional de Estadísticas, justo en la media europea establecida por Eurostat.
Más de 1.180 empresas islandesas y 147.000 asalariados están concernidos por la reforma.
La empresas que no respeten la ley podrán recibir una multa de hasta 400 euros por día.
Las empresas más pequeñas tienen hasta el 31 de diciembre de 2021 para adecuarse a la ley, aprobada con el apoyo de más del 80% de los diputados el 1 de junio de 2017.
En cambio, los ministerios, las administraciones públicas y las empresas de más de 250 empleados deben adaptarse antes del 31 de diciembre.
La ley despierta curiosidad y cierta simpatía en el extranjero pero no cuenta con un apoyo unánime en Islandia, donde la igualdad salarial entre hombre y mujeres existe, teóricamente, desde 1961.
«Si se quieren hacer reformas en este ámbito, a veces se necesita una iniciativa legislativa para dar un impulso», afirma Thorsteinn Viglundsson, ex ministro de Asuntos Sociales e impulsor de la ley.
El Partido Pirata considera positivo el objetivo pero considera que el método es demasiado pesado y costoso.
«Para mi no soluciona el problema», dice el diputado pirata Björn Gunnarsson, que votó en contra.
En cambio, Brynhildur Omarsdottir, directora de la Asociación Islandesa por los Derechos de la Mujer, estima que aunque la ley «no soluciona el problema (de la desigualdad entre hombres y mujeres), resuelve una parte, un parte crucial».