La jueza federal Servini le trabó además un embargo por 5.100 millones de pesos y también procesó al directivo de empresas Gerardo Molinaro y al abogado Gustavo Casir
La jueza federal María Romilda Servini procesó este viernes al empresario Orlando «Orly» Terranova por tentativa de extorsión a los accionistas del Grupo Indalo en la causa en la que se investigan las supuestas maniobras desplegadas durante el gobierno de Cambiemos para presionar y asfixiar en términos financieros al conglomerado de firmas que opera la señal de noticias C5N y Radio 10.
La magistrada le trabó además un embargo por 5.100 millones de pesos y también procesó al directivo de empresas Gerardo Molinaro y al abogado Gustavo Casir, a quien le incautó una suma millonaria, según surge una resolución de 180 carillas a la que accedió Télam.
A los tres procesados se los acusa de haber intentado quedarse con las empresas del Grupo Indalo –principalmente con Oil Combustibles- bajo la amenaza del encarcelamiento de sus principales accionistas, Cristóbal López y Fabián de Sousa, y presentándose como emisarios del gobierno que por entonces encabezaba Mauricio Macri.
Al analizar el encuadre penal de los hechos investigados, la magistrada señaló que se encuentran cumplidos los requisitos para analizarlo bajo el prisma de una extorsión porque pudo probarse “el desplazamiento patrimonial motivado en las amenazas recibidas –de ser privado de su libertad si ello no ocurría -, para lo cual Orlando Terranova se transformó junto con la participación de Gustavo Casir y Gerardo Molinaro en un eslabón fundamental”.
“Orlando Terranova, principalmente, junto con Gustavo Casir y Gerardo Molinaro tuvieron una activa participación en toda esta operación, se montaron en las amenazas que partieron desde los altos cargos del Gobierno que encabezaba Mauricio Macri, lo que denotaba su inminencia y verosimilitud, y se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad que estaban atravesando los querellantes, y en base a ello los conminaron a suscribir la Carta Oferta en cuestión, y tomaron a su cargo, principalmente Terranova, toda la operación”, puede leerse en el fallo.
Se trata del mismo expediente en el cual se encuentra prófugo el diputado del Parlasur y exdirector de YPF, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien fue llamado a indagatoria por la jueza Servini pero nunca se presentó a declarar.
En la causa en la que se investigan las denuncias de los accionistas del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, Terranova fue señalado como uno de los emisarios que se presentó en nombre del gobierno de Mauricio Macri con el interés de comprar las empresas del grupo que estaba siendo sometido a fuertes presiones, según surge de la investigación.
En el comienzo de la investigación, Terranova había sido convocado como testigo, pero esa decisión cambió tras un planteo que hizo el fiscal federal Guillermo Marijuán tras la declaración testimonial del empresario López, quien contó sobre la supuesta participación del corredor de autos en las presiones contra Indalo.
López relató ante la justicia que era conocida la relación de Terranova con Macri y que en un momento dado del 2017 le refirió que estaba dispuesto a vender su 70 por ciento del Grupo Indalo antes que ir preso, a lo que el empresario le dijo que consultaría con el entonces presidente y con su amigo Nicolás Caputo.
«Se firmaron convenios. El al día siguiente trajo a un abogado y a un ingeniero, éste iba a ser el CEO de la compañía, Gerardo Molinaro y el abogado Gustavo Casir», afirmó López ante la justicia; pero esa posibilidad no prosperó porque –según supo más tarde el accionista de Indalo- desde el propio gobierno de Macri se decidió que la mejor opción era empujar al grupo empresario a la quiebra.
Toda la operatoria descripta por López en su declaración fue corroborada por la jueza que, además, indagó sobre llamadas a funcionarios del Gobierno de Macri y visitas a la Casa Rosada que le permitieron tener por acreditado el nivel de cercanía y la coordinación de entre Terranova y los entonces pobladores de la Casa Rosada.