Hasta el momento ningún grupo se atribuyó el ataque a una multitud que volvía de un acto a favor de los militares en la ciudad de Tachileik, en el este del país
Mientras las calles de las grandes ciudades de Myanmar quedaron vacías hoy en protesta por el primer aniversario del golpe de Estado, un ataque con granadas contra un acto a favor de los militares dejó dos personas muertas y 38 heridos.
Hasta el momento ningún grupo se atribuyó el ataque a una multitud que volvía de un acto a favor de los militares en la ciudad de Tachileik, en el este del país.
El hecho coincidió con una huelga silenciosa promovida por los opositores al régimen, que fue acatada en todo el país.
Rangún, la capital económica, estaba desierta y muchos comercios permanecieron cerrados.
«El silencio es el grito más fuerte que podemos lanzar contra los soldados y su sangrienta represión», indicó una opositora en Twitter.
En las redes sociales se podían ver imágenes de ciudadanos en sus casas haciendo un saludo con tres dedos, un gesto de resistencia.
Las autoridades advirtieron que estas acciones podrían ser calificadas de «alta tradición», un delito que puede acarrear muchos años de detención.
En paralelo, videos sin fecha difundidos por las autoridades, muestran manifestaciones promilitares en regiones no especificadas del país.
Partidarios del régimen enarbolaron la bandera nacional y denunciaron a las «Fuerzas de Defensa del Pueblo», milicias ciudadanas que efectúan operaciones de guerrilla contra las fuerzas de seguridad.
El 1 de febrero de 2021 el Ejército de Myanmar derrocó al Gobierno civil encabezado de facto de por la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi y puso fin a una década de transición democrática.
El golpe de Estado estuvo seguido por protestas y una campaña de desobediencia civil, aplacadas por una sangrienta represión militar que dejó más de 1.500 civiles muertos y 9.000 todavía detenidos, según una ONG local.
Según Nicholas Koumjian, jefe del Mecanismo de Investigación Independiente de las Naciones Unidas para Myanmar, los informes del último año «sugieren que más de 1.000 personas fueron asesinadas en circunstancias que pueden calificarse como crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra».
«La junta funciona como una empresa criminal, cometiendo asesinatos, torturas, secuestros, desplazamientos forzosos y todo ello, robando los ingresos y confiscando los bienes que pertenecen legítimamente al pueblo», señaló el relator de la ONU para la ex Birmania, Thomas Andrews.
«Sus ataques continúan sin descanso. El sufrimiento del pueblo no deja de aumentar», denunció, considerando que la población de Myanmar «merece un apoyo más fuerte de la comunidad internacional».
«El hecho de que haya pasado un año sin que ninguna resolución del Consejo de Seguridad haya impuesto un embargo completo a las armas, a pesar de que las armas siguen llegándole a la junta y matando a inocentes, es inaceptable», denunció.
Andrews, quien trabaja a cuenta del Consejo de Derechos Humanos pero que no se expresa en nombre de ese organismo, prevé publicar «pronto» un informe en el que identifica la procedencia de las armas que siguen llegando a manos de la junta.
Desde el alzamiento militar, Aung San Suu Kyi, de 76 años, está en arresto domiciliario en un lugar secreto.
La lideresa civil a fue condenada a seis años de cárcel por importación ilegal de radiocomunicadores (walkie-talkies), incitación contra los militares y vulneración de las restricciones anticovid.
Suu Kyi todavía debe enfrentar otros cargos por supuesta presión a la comisión electoral en los comicios de 2020, indicó una fuente conocedora del caso.
En una declaración común, los ministros de Exteriores de Australia, Estados Unidos y la Unión Europea exhortaron a la comunidad internacional a terminar con «el flujo de armas» hacia Myanmar.
Sin embargo, muchos expertos consideran que estas declaraciones son demasiado superficiales y piden al Consejo de Seguridad de la ONU que decrete un embargo mundial contra la venta de armas al país asiático.
Entretanto, la ONU hizo hoy un llamado de financiación récord, de 826 millones de dólares, para responder a las necesidades de 6,2 millones de personas en Myanmar este año.
Esta convocación «récord» representa «más del doble» de los fondos pedidos el año pasado, informó el vocero de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), Jens Laerke.
Este plan «refleja la crisis creciente» en este país asiático, sumido en la violencia desde el 1 de febrero de 2021.
La ONU estima que de los 54 millones de habitantes del país, 25 millones viven en la pobreza y 14,4 millones necesitan ayuda humanitaria, cinco millones de ellos menores.